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- Ago 12, 2022
Aprueban 10 dictámenes
Aída Espinosa Torres
Dentro de los 10 dictámenes que se aprobaron en la Comisión Permanente del 10 de agosto se exhortó al Poder Ejecutivo de Nuevo León, y a la presidencia municipal de Monterrey, a que evalúen la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, así como implementar los mecanismos que aseguren su edificación.
Mediante otro dictamen, pidió al Congreso de Nuevo León realizar, a la brevedad, las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local, a fin de incorporar el uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política.
Se solicitó al Poder Legislativo de Baja California que, en atención a lo establecido por el artículo 27 fracción XL y VI de la Constitución Política, se realicen las acciones y mecanismos para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad.
También se instó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, a garantizar la protección y atención adecuada al hijo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se pronunció a favor del paquete de dictámenes y manifestó su extrañeza por eliminar el punto de acuerdo, ya que argumentaron no querer revictimizar al niño cuando no se le brindó ayuda a la madre; “es el colmo de la desvergüenza y la doble moral”.
En representación del PVEM, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos expresó que el de Luz Raquel Padilla no sólo es un feminicidio, sino un caso de odio y discriminación, por lo que pidió no cometer la misma vulneración con su hijo. Ante ello, exhortó a brindar atención y protección al niño.
Mediante otro dictamen, la Comisión Permanente condenó el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos y el de las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo y Johana García, y expresó su solidaridad a sus familias.
Se exhortó al gobernador del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, para que fortalezcan y ejecuten las medidas, planes, programas, acciones y políticas necesarias para garantizar la seguridad pública ante el incremento en las conductas delictivas en la entidad, en particular en los delitos contra el patrimonio en su modalidad de extorsión.
