Se aprobó por unanimidad que las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México deberán establecer que en los servicios de salud y educativos se prevengan, detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas mentales.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya establecía la detección y atención de estos casos, pero no se contemplaba la prevención, “por lo que es necesario hacerlo no sólo a través de los servicios de salud, sino también de los servicios educativos, dándole prioridad a las personas con alguna discapacidad”.