La edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años, por lo que autoridades federales y gobiernos de todos los niveles en el país deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes respecto del matrimonio infantil, establece el dictamen que se aprobó por unanimidad, el pasado 26 de abril, en la Cámara de Diputados, que fue remitido al Senado de la República.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social.
El dictamen menciona que esta problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del gobierno Federal, estatal y municipal, quienes requieren realizar acciones para garantizar el Interés Superior de la Niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El dictamen adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir matrimonios infantiles.
Menciona que, en México, a pesar de tener un marco jurídico robusto enfocado a la protección de las niñas, niños y adolescentes, subsisten prácticas relacionadas con el matrimonio infantil. Según datos del Inegi, en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, cantidad que representa una disminución de 33.5 por ciento respecto del 2019, cuando hubo 504 mil 923.
De estos matrimonios, 26 fueron con al menos uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas.
El matrimonio infantil daña a niñas y niños
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IX “Del Matrimonio Forzado de Menores” al Código Penal Federal, en materia de derechos humanos a una vida libre de violencia. En su argumentación, advierte que en México y en el mundo, el matrimonio forzado de menores es un grave problema social, con repercusiones en la vida, la libertad, la dignidad personal, la salud física, la salud mental, la educación y el desarrollo de la personalidad.
La iniciativa tiene la finalidad de hacer frente a la problemática que representa el matrimonio forzado de los menores de edad, niñas y adolescentes, debido a que en diversas ocasiones aquellos que ejerzan sobre ellos la patria potestad o tutela transgreden de manera negativa sus derechos humanos. Esta situación propicia vulnerabilidad en los contrayentes, que es una realidad de nuestro país donde miles de niñas y adolescentes de escasos recursos o en situación de calle no tienen identidad legal, mucho menos acceso a la educación, salud, vivienda y oportunidades laborales dignas y socialmente útiles.
Señala que, de acuerdo con la ONU, en América Latina “una de cada cuatro mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años”. Esta zona y el Caribe constituyen la “única región del mundo donde no ha habido una reducción del matrimonio infantil y las uniones tempranas en los últimos 25 años”
Alto al matrimonio infantil
Karen Michel González Márquez, diputada del PAN, expresó que con el dictamen se puede poner un alto al matrimonio infantil. “Estamos viviendo una situación muy lamentable que es necesario terminar; al amparo de usos y costumbres, es desafortunada una práctica común que las niñas sean intercambiadas de manera forzada”.
Añadió que las menores sufren abusos de todo tipo, sexual, doméstico y de género; son víctimas de embarazos no deseados. “Estamos hablando de un acto de esclavitud que no debería de repetirse nunca más. A unos días de celebrar el 30 de abril, Día del Niño y la Niña, más que un regalo brindemos un legado que proteja a la niñez”.
Garantizarles sus derechos
El diputado Alberto Villa Villegas (Morena) consideró necesario garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, dijo, existen prácticas familiares y sociales que vulneran sus derechos fundamentales y dignidad obligándoles a convertirse, a temprana edad, en esposas, esposos y, posteriormente, en padres o madres.
Abundó que el matrimonio infantil es parte de un ciclo repetitivo de carencias, pobreza y desigualdad. Por ello, aseveró, es vital establecer acciones afirmativas en favor de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o exclusión social.