Defender la igualdad, a 69 años del voto femenino

Han pasado 198 años desde que un grupo de mujeres zacatecanas escribiera, en 1824, al Congreso Constituyente manifestando su interés en participar en la toma de decisiones y, están por cumplirse 69 años desde que el 17 de octubre de 1953 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución Federal, para que las mujeres mexicanas fueran reconocidas, por fin, como ciudadanas con plenos derechos y se plasmara en la ley su legítimo derecho a votar y ser votadas.

Y no, no fue una graciosa concesión, nada lo ha sido, todos los avances, todas las conquistas y todos los logros han sido resultado del tesón, la pasión, la emoción, las habilidades políticas, las capacidades de negociación, los estudios y generación de contenidos…, en resumen, del ejercicio de un poder en femenino y sororal, que es compartido y que ha hilvanado los golpes de certeza que las feministas hemos dado para hacer efectivo el ejercicio de los derechos político-electorales de las mexicanas.

Se ha transitado por una serie de acciones afirmativas en materia político-electoral hasta lograr el reconocimiento del principio constitucional de paridad y cada vez más mujeres asumen cargos y puestos de poder. Es indudable que se han afianzado importantes avances, por ejemplo, la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados está integrada por 250 mujeres y 250 hombres, pero aún falta un importante trayecto para lograr la paridad sustantiva, lo que implica superar una cultura discriminatoria contra las mujeres en las distintas esferas de la vida y garantizar una vida libre de violencia que permita que hombres y mujeres, en pie de igualdad, tomemos el poder y las decisiones públicas y políticas.

Así, todos los esfuerzos para consolidar la participación femenina en el espacio público y político y hacer que ésta sea libre de violencia, conlleva el compromiso de defender la igualdad como principio que amplía y fortalece la democracia al proteger y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía.

El 6 de junio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos constitucionales 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 en materia de paridad entre géneros, para instituir como un principio fundamental "la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público" . En el marco de esta reforma, se obliga a que la integración de los tres Poderes de la Unión, así como en sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, sea equitativa, así:

• Los gobiernos estatales y ayuntamientos tendrán que ser integrados, de manera equitativa, por mujeres y hombres.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres.

• De la misma manera, se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

• También se establece que los representantes de la población indígena ante los ayuntamientos se elegirán conforme al principio de paridad de género.

Las elecciones de 2021, han sido las más grandes en la historia del país, no solo por el crecimiento del número de electoras y electores, sino también, por el número de cargos que se eligieron, pues las 32 entidades del país tuvieron elecciones locales concurrentes con la federal. Se trata de un total de 21 mil cargos de elección popular .

Este proceso electoral propició un salto cuantitativo para visibilizar la importancia del principio de paridad en el registro de candidaturas, pues antes de 2021, sólo dos gobiernos estatales eran encabezados por mujeres: Ciudad de México y Sonora; el resultado de la jornada electoral permitió el ascenso de seis mujeres como gobernadoras en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala . Sin embargo, es necesario recordar que el derecho de votar y ser votadas transitó por varios momentos que es necesario recordar y valorar, para defender y dimensionar el camino para el logro de la igualdad. Por ejemplo:

En 1915, el general Salvador Alvarado, Gobernador del Estado de Yucatán, lanzó la convocatoria para realizar el Primer Congreso Feminista, entre los considerandos presentados se apuntó:

“Que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que le permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta que, de este modo, los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad” .

En 1916, entre las conclusiones de este Primer Congreso Feminista, se destacó:

“Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad ”.

Después del Primer Congreso Feminista y, a pesar de las propuestas presentadas y de la importante participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, no son reconocidos los derechos políticos de las mujeres.

Nuestra organización y capacidad de sumar desde la diferencia ha sido fundamental para lograr avances significativos; muestra de ello es que en 1935 mujeres representantes de todos los estados del país se unieron para crear el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), que llegó a congregar a mujeres de diversas ideologías y posiciones sociales bajo un mismo objetivo: “la liberación de la mujer”, al reformar el artículo 34 constitucional para obtener el derecho a votar y ser votadas .

En 1952, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres, señalando que no podía haber democracia donde más de la mitad de la población no era ciudadana y, en 1953, después de 36 años de que fuera solicitado al Constituyente de 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, esta aspiración legítima fue incluida, por fin, en la Carta Magna.

A partir de ello se han realizado reformas constitucionales que han fortalecido el avance de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la realizada en 1974 a los artículos 4, 5, 30 y 123 que promovió la igualdad jurídica de la mujer. Sin duda, esto representó el fortalecimiento en nuestro país de la cultura democrática, misma que promueve un trato igualitario, equitativo, hacia todos los seres humanos, y rechaza toda ideología racista, sexista o clasista que sostenga la sedicente superioridad natural de una raza, de un género o de una clase social .

A 69 años de distancia del reconocimiento del voto femenino es necesario retomar la historia para que las mujeres del presente y las nuevas generaciones asumanos nuestra ciudadanía en plenitud y corresponsabilidad, para ocupar en igualdad y libertad los espacios decisión pública desde una paridad sustantiva, honrando a las generaciones de mexicanas que nos abrieron brecha y nos marcaron el rumbo para construir un México democrático desde la tolerancia, la inclusión, el respeto y el pluralismo.

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