A días de ser discutida la Reforma Electoral en el Pleno de la Cámara de Diputados y a escasos días de haber ocurrido la marcha en “defensa” del Instituto Nacional Electoral (INE), el proyecto de modificación ya no es el mismo al que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso meses atrás porque fue modificado y conjuntado con algunas de las propuestas de los grupos parlamentarios.
Dentro de las principales cuestiones que se proponen está la de reducir el número de diputaciones y senadurías, crear listas nacionales conformadas por la densidad poblacional y reducir el presupuesto de los partidos políticos destinado a sus actividades ordinarias fuera de los tiempos de proceso electoral.
Otra de las cosas que plantea esta reforma es el método de selección para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de las y los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que sustituirá al INE y, en caso de aprobarse la reforma, generar mecanismos de voto electrónico.
Debido a la extensión de la reforma no se pueden analizar todos, pero sí los puntos más relevantes a fin de establecer los aspectos destacados o centrales del proyecto de cambios.
Su principal objetivo es reducir costos de la función y del sistema electoral. Hay que recordar que nuestro sistema electoral es “uno de los más costosos del mundo”, en opinión del partido en el poder; la anterior afirmación se debe a la desconfianza. Es un sistema electoral costoso debido a los mecanismos de protección que se tienen para generar certeza en cada elección que se realiza.
Por otro lado, tener un órgano autónomo de vigilancia y cumplimiento a las normas electorales requiere de capacitación constante de quienes lo conforman y un alto valor y grado de atención, algo que en el resto del mundo, más allá de ser criticado, es admirado.
Desde el gobierno, que es el principal promotor de esta reforma, se piensa en una reducción del presupuesto a través de una disminución en los órganos públicos locales electorales (OPLE`S) y eliminar las Salas Regionales del TEPJF, aunque desde el punto de vista de algunos politólogos se regresa a una centralización de funciones en lugar de su federalización.
Desde la oposición se cree que se llevará a cabo la desaparición de los órganos electorales en general, cuando no es así; lo anterior con la esperanza de servir de una nota aclaratoria a que no se está frente a un escenario apocalíptico, pero si México se enfrenta a un momento clave que de no resolverse de la mejor manera puede conllevar a un entorpecimiento de la función electoral y que traería como consecuencia una desconfianza mayor en los procesos electorales.
¿Es necesario defender al INE? Mi respuesta inicial sería no; aquí es donde se hace una reformulación a la pregunta planteada para quedar así: ¿Es necesario defender la democracia y nuestro sistema electoral? La respuesta es sí deben defenderse los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que están en el artículo 41 de la Constitución Política.
Por lo anterior, defender estos principios es defender a la Constitución y realizar una reforma que pretenda retraer y generar una clara falta de objetividad no va contra el INE si no va contra la Constitución.
Tenemos que recordar que el INE no es más que una institución, misma que es perfectible, que durante más de 30 años ha servido y continúa sirviendo para lograr transiciones democráticas, pero no quiere decir que esta misma institución no sea necesaria su reforma, las condiciones de muchos de los Módulos de Atención Ciudadana son necesarias, mejorar las posiciones, sueldos y prestaciones; las juntas distritales requieren de una instalación adecuada, espacios no adaptados para intentar cumplir funciones, sino de espacios creados para cumplir con las funciones encomendadas.
¿Es necesaria una reforma electoral? La respuesta es sí, pero una reforma que tome en cuenta lo ya existente, reducción de presupuesto no quiere decir mejoramiento en el funcionamiento; le elección de personal que debe estar altamente capacitado para el puesto no significa democratizar los puestos, significa hacer un concurso de popularidad a lo que debe ser un proceso de selección, para elección de los más capacitados y no de los que más votos obtuvieron.
Por último, señalar que esta reforma plantea algunos aciertos, como obligar a implementar lo que hasta el día de hoy es un proyecto piloto, el voto por medio de urnas electrónicas, pero también otros actos que atentan contra el texto constitucional directamente, como la elección por voto popular de los dirigentes de un órgano que debe calificar una elección y, por otro lado, se olvida de la dignificación del trabajo para aquellos trabajadores que día con día en las juntas locales, juntas distritales y módulos de atención ciudadana, cuidan que el voto de los ciudadanos cuente.