Perseguir con estrategia la defraudación fiscal

El Maestro Sun Tzu, en su obra El Arte de la Guerra, expresó: "Lo que los antiguos llamaban un luchador inteligente es aquel que no solo gana, sino que sobresale en ganar con facilidad". La estrategia del SAT para combatir la defraudación fiscal en México debería aprender de esta lección: desmantelar redes complejas con inteligencia, sin malgastar recursos en batallas innecesarias.

El delito de defraudación fiscal y su equiparada, tipificados en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF), es sumamente técnico. Usualmente se tiene conocimiento de él cuando el SAT ejerce sus facultades de comprobación - Visita Domiciliaria, Revisión de Gabinete y Revisión Secuencial del Dictamen Fiscal.

Esta investigación es sumamente rígida, sin espacio para la negociación. Por ello se ha de replantear la investigación y persecución de este delito de forma que se maximice el uso estratégico de las figuras procesales.

De acuerdo con datos del Portal de Transparencia de la PFF, desde 2016 se han abierto 1,034 investigaciones por defraudación fiscal, pero sólo 476 han resultado en sentencias condenatorias y apenas 2 (dos) en procedimientos abreviados.

Este dato refleja la necesidad de ampliar el uso de soluciones alternativas como el procedimiento abreviado y de crear un marco legislativo que incentive la colaboración a través de la figura del informante fiscal, similar a lo que ocurre en otros países.

Para ser más eficiente es necesario ampliar el uso de procedimientos abreviados y crear la figura del informante fiscal, como en EE. UU., donde se protege la confidencialidad del informante (26 U.S. Code § 6103 - Confidentiality and disclosure of returns and return information).

Este modelo permite negociar con contribuyentes menores para desmantelar redes de defraudación fiscal a gran escala, garantizándoles confidencialidad y seguridad jurídica en su colaboración con las autoridades: tax authorities have a bigger fish to fry.

La figura de informante secreto para investigaciones de delitos fiscales no es nueva, ya existe en EE. UU., Reino Unido, Suecia, entre otros países. Lejos de comerciar impunidad, el propósito es estratégico: la Autoridad Fiscal prioriza el desmantelamiento de las grandes redes de defraudación. Esto se logra garantizando inmunidad penal a contribuyentes menores que han efectivamente defraudado al fisco, pero que (1) ya han corregido su situación fiscal y (2) que han brindado información valiosa y estratégica que permita desmantelar grandes redes de defraudación.

México necesita una reforma legislativa que implemente un sistema similar, a fin de que el SAT pueda negociar con contribuyentes menores y utilizar su colaboración para desmantelar redes de defraudación fiscal más amplias. Esta colaboración puede darse desde antes de formular la querella ante la Fiscalía y optar por celebrar un “acuerdo conclusivo” ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o en el juicio penal la PFF podría solicitar a la Fiscalía celebrar un procedimiento abreviado, por virtud del cual el contribuyente imputado acepta su responsabilidad penal a cambio de una penalidad menor. Formas y estrategias hay, falta la iniciativa.

Para combatir estratégica y eficazmente a la defraudación fiscal se ha de priorizar la colaboración y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por encima de la sanción penal. Este enfoque estratégico permitiría al SAT optimizar recursos económicos, legales y humanos al promover acuerdos con los contribuyentes menores y enfocarse en desmantelar grandes redes de defraudación que representan mayor daño al Fisco Federal.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.

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