¿Austeridad o totalitarismo?

Esta semana el presidente de la República envió un dardo envenenado al Congreso que, aparentemente, busca hacer más eficiente el gasto público mediante la fusión, integración a Secretarías de Estado, desaparición o extinción de instituciones, organismos desconcentrados y descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas. Sin embargo, lo que realmente importa es preguntarse si lo que se busca es ahorrar dinero o darle más poder al poder.

Tener instituciones autónomas u organismos descentralizados no tiene que ser, necesariamente, mala idea. Por un lado, sí llegan a ejercer un presupuesto considerable y algunas instancias pueden ser redundantes, pero su punto en común es que tienen facultades sobre temas muy específicos.

Entonces, ¿por qué desaparecer algo que puede aligerar la carga de trabajo de las Secretarías y el gobierno en general?

Entre los organismos que se busca manipular con esta iniciativa de reforma están el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, al igual que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que el presidente desea que desaparezcan y se integren como simples unidades administrativas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

¿Para qué desaparecerlas cuando aligeran la carga a la SADER? ¿Con menos empleados pretenden cubrir todas las funciones que hacían estas instituciones? ¿Desde cuándo con menos manos se puede hacer más?

Se quiere eliminar a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual se busca convertir en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Este organismo actualmente atiende específicamente a refugiados políticos y que huyen de conflictos violentos en sus países de origen.

¿Cómo explicarle a un exiliado venezolano, cubano o nicaragüense que su estancia en el país corre peligro? ¿Podrá la SEGOB garantizar sus derechos en nuestro país si por compromisos políticos algún gobierno autoritario les exige que devuelvan a alguno de los refugiados?

Se desea extinguir el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para fusionarlo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Menos mal que en su toma de protesta López Obrador hizo un rito indígena en el Zócalo, ¡imagínese usted si odiara a los indígenas!

En un momento tan crucial para el país con la crisis de agua en varios estados del país, el presidente decide extinguir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿Por qué dejar de incentivar el desarrollo de tecnologías para evitar que ciudades como Monterrey se queden sin agua? Y para colmo, también se desaparecen el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático junto con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. ¡Qué importa el medioambiente!

Se impulsa la desaparición del Instituto Mexicano de la Juventud, que se integraría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). ¿Para qué impulsar proyectos de la juventud, para qué incentivar su participación en la comunidad, en la política si lo único que necesitan es recoger su bequita con Luis María Alcalde?

Los adultos mayores no se quedan atrás, se desea acabar con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿si sólo ocupan su pensión, por qué no entregarlos completamente a la Secretaría del Bienestar?

La cereza del pastel: se extingue por completo el Sistema Nacional Anticorrupción. Total, el que no transa no avanza, ¿verdad?

Entonces nuevamente pregunto: ¿el presidente quiere ahorrar dinero o quiere concentrar todo el poder en su persona?

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.

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