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(In)Justicia electorera


Sebastián Atencio Velásquez

Ricardo Anaya y Rosario Robles son nombres por todos conocidos como políticos experimentados contra los que se ha librado una cacería judicial en determinados momentos. ¿Qué tienen ellos en común con Andrés Manuel? A todos se les han abierto procesos en tiempos electorales, siendo esta práctica una de las mañas más bajas de la política mexicana. Una práctica a la cual constantemente se recurre cuando un agente político ve perdida una campaña electoral; es uno de los intentos desesperados, síntoma de un sentimiento derrotista, al que siempre se recurre como última opción.

En el caso de Ricardo Anaya Cortés, se le abre un proceso judicial en 2018, durante los últimos meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, tras acusaciones de poseer un almacén o bodega en Querétaro adquirido mediante presuntos recursos ilícitos. Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) continuaron hasta que llegó la jornada electoral del 2018. Posteriormente, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se retoman las investigaciones en su contra tras denuncias realizadas con base en acusaciones hechas por Emilio Lozoya Austin. Dicha investigación ocurre en la víspera de las elecciones de 2021, cuando Morena perdió la mayoría calificada en la H. Cámara de Diputados.

Se procede en contra de María del Rosario Robles Berlanga por su presunta participación en el famoso escándalo de corrupción y desvío de recursos del erario conocido como la Estafa Maestra, durante el sexenio peñista. Este acontecimiento fue uno de los principales estandartes de campaña del hoy presidente López Obrador, quien se dedicó a denunciarlo. Lo peculiar es que en ese momento Andrés Manuel acusaba la participación del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, así como de la propia Rosario. Por dicho asunto, Robles Berlanga permanece en prisión hasta la fecha. Hay quienes acusan una persecución política pues Andrés Manuel se habría sentido traicionado por ella, quien trabajó con él desde sus inicios en el PRD, y luego se sumó al gabinete de Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador también pasó por un proceso judicial en su momento, el famoso desafuero en su contra llevado a cabo entre 2004 y 2005, del cual salió bien librado tras el pago de su fianza por parte del panista Jorge Alberto Lara Rivera y la blanquiazul (ahora guinda) Gabriela Cuevas Barrón, diputados locales del Distrito Federal en aquellos tiempos. Cabe destacar que ese proceso buscaba inhabilitar a López Obrador como posible candidato presidencial en 2006.

Tomando en cuenta lo anterior y habiendo tantos antecedentes de justicia electorera, ¿por qué el actual gobierno se empeña en repetir los vicios del pasado? La justicia no es un juego y no debe ser usada para alterar el resultado de las elecciones en México. Se deben abrir los procesos judiciales correspondientes en contra de quienes hacen daño a nuestra patria, pero jamás deben utilizarse como moneda de cambio para inhabilitar a los rivales políticos.

Tanto Ricardo Anaya como Rosario Robles han sido objeto del mismo tipo de persecución que en su momento denunciaste Andrés Manuel. Supuestamente viviste en carne propia los efectos de la Guerra Sucia y persecuciones políticas en tu contra y la de cientos de compañeros de tu causa. Probablemente sabes lo que se siente ser acusado de manera burda y reiterada sobre asuntos ilícitos, ¿por qué empeñarte en callar por medio de denuncias a todo el que no piensa como tú?

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