En vísperas de una reforma electoral que cambiará las reglas del juego en lo que a las elecciones se refiere, acotando la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), que por más de 30 años ha llevado a cabo cinco elecciones presidenciales, una consulta popular, una revocación de mandato y múltiples votaciones intermedias para la elección de diputados federales, así como ayudando en cientos de procesos locales y verificación de elecciones internas de partidos políticos.
Pero, más allá de un tema de nostalgia, es importante destacar que una reforma electoral es necesaria, pero no en los términos y las formas que plantean desde el gobierno en turno; previo a mis comentarios, un poco de contexto acerca de la reforma electoral a las leyes secundarias o el llamado plan B.
posteriormente a la noticia de que la reforma electoral no iba a ser aprobada en la Cámara de Diputados por no reunir la mayoría calificada, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que presentaría el plan B, que incluía diversas modificaciones a leyes electorales y no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto significa que no requeriría de una mayoría calificada, sino de una mayoría simple, dentro de lo que destacan modificaciones a las direcciones generales del INE, unificando aquellas que no sean de vital importancia; una nueva ley de medios de impugnación para sustituir a la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral (LEGSIME), eliminando algunos de los medios de impugnación para únicamente dejar 4 de los 7 que actualmente existen.
Otro de los puntos importantes es la reforma para permitir el voto de las personas en situación de prisión preventiva oficiosa, así como el voto por internet a personas mexicanas en el exterior, que los partidos políticos no tengan que devolver el remanente del presupuesto otorgado para sus actividades ordinarias, entre otras. Debido a la extensión del proyecto de reforma es necesario acotar el resumen para entrar a su análisis.
Idear una reforma electoral que reestructure por completo un sistema tan complejo como es el sistema electoral mexicano no es fácil; mucho menos idear algo de tal magnitud en tan poco tiempo, por ello, de inicio creer que sea adecuada a las necesidades y retos que se enfrenta nuestra democracia moderna es ser muy idealista. Por otro lado, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no todo en el proyecto de reforma es malo. Tiene modificaciones progresistas y que atienden a situaciones que el INE se encontraba realizando mediante reglamentos o acuerdos, que si bien obtienen el carácter de obligatorio, al regularse en la Ley obtienen relevancia, por ejemplo, el voto para las personas en prisión preventiva y la implementación de mecanismos para realizar el voto por internet para los mexicanos residentes en el extranjero.
Un dato importante en la reforma es que si bien fue votada en una modalidad de fast track en la Cámara de Diputados, el Senado de la República se tomó su tiempo para su análisis, cosa importante, a fin de determinar y poder reparar las fallas de origen que pudiera contener y así evitar actos de inconstitucionalidad, al no ser compatible por lo contenido en la Constitución.
Si bien en la cámara alta se tuvo más tiempo para su análisis, es poco el tiempo que se dio para esta situación; los procesos legislativos deberían ser mecanismos que busquen respeto al texto constitucional y, sobre todo, una búsqueda que a través de las leyes y normas se puedan mejorar las condiciones de vida de la población; volviendo al tema de origen al legislar en materia electoral debe hacerse con una pluma muy fina a fin de no cometer un atropello que lejos de resolverse con el famoso “usted disculpe” generaría daños al sistema democrático, en cuanto a su operación se refiere.
Lo anterior traería como consecuencia el incremento en la desconfianza de la ciudadanía en un órgano que por más de 30 años ha buscado proteger y restaurar el rompimiento de la sociedad con las instituciones del gobierno. Por ello es clara la respuesta a la pregunta de si debe o no generarse una reforma electoral; la respuesta es sí, pero no con actos de política ficción, los discursos desgastados de oposiciones trasnochadas o de fe ciega hacia un oficialismo con claros signos de no ser demócrata o de tomar discursos como bandera para una candidatura a una elección que no fue ni será la esperada en 2024 (situación que en otra ocasión retomaremos).
Lo que es necesario es una reflexión desde la academia, la sociedad civil organizada y el poder para conjuntar los sectores y no en actos de parlamento abierto que serán todo menos abiertos, para generar una propuesta de reforma electoral consciente, pensada en modificar el régimen de partidos. A escasas horas de haberse aprobado estas reformas, con una discusión de mil 244 reservas, con posicionamientos carentes de una falta de técnica en materia electoral, por ello es que una democracia que se caracteriza de ser incluyente, perfectible, debe contar con la suficiente crítica interna a fin de estar a la altura de los retos que la sociedad demanda.
Por otro lado, las discusiones en la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre llevaron a nuevas modificaciones enfocadas a eliminar la "vida eterna" de los partidos pequeños o también llamados "satélite", por lo cual deberá ser enviada de nuevo al pleno del Senado de la República para su nueva discusión o aprobación, por tanto, más allá de un ejercicio deliberativo, parece un ping pong legislativo.
Concluyo: aún falta la decisión de la última línea de defensa en torno al plan B, pues será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la palabra final en materia de garantizar el respeto a la Constitución. La última línea de defensa ante la inconstitucionalidad electoral se encuentra en la palabra de 11 juristas, los llamados "mejores abogados de México".
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