¿Militarizar el país solucionará el problema de inseguridad?

Desde hace algunos años México enfrenta un grave problema de seguridad en todo su territorio; la creciente ola de violencia es más que evidente. Balaceras, homicidios dolosos, desapariciones, feminicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso se han incrementado.

Pero, ¿quién o quiénes son los responsables de la seguridad pública? Para comprender el tema, primero debemos definir qué. Consiste en brindar un servicio a través de estrategias que el Estado debe implementar para garantizar la integridad de la sociedad en su conjunto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 21, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En el mismo sentido, la ley que regula este precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor”.

Es claro que la seguridad pública recae en diferentes actores que buscan preservar el “bienestar social”; sin embargo, el llamado “Estado de derecho” hoy en día se ve rebasado por niveles de violencia sin precedentes.

En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 135 mil 201 homicidios dolosos, cifra altísima si la comparamos con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando se registraron 120 mil 463 víctimas mortales.

El tema de las desapariciones en México es sumamente preocupante y los resultados tampoco son positivos. Con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, resultan abrumadoras las cifras. Tan sólo en el gobierno de Felipe Calderón se concentró un aproximado de 17 mil reportes de desaparición. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo alrededor de 35 mil, y en lo que va del actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la cifra es cercana a los 31 mil registros de desaparición.

¿Cuál es la solución? La respuesta es clara y parece ser que el Gobierno Federal la tiene, se llama Guardia Nacional bajo el manto protector de la SEDENA. ¿Funcionará? No lo sabemos, pero la apuesta es contundente y sin titubeos.

Recientemente hemos leído o escuchado las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea transferir la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Es decir, quien dirigiría esta institución sería un mando militar y ya no un mando civil, como de inicio se había prometido. Este cambio se propone y discute en el Congreso de la Unión. Sin duda, esto ha encendido las alarmas entre los expertos del tema, ya que, aseguran, se podría hablar de una futura militarización del país.

Pero, ¿qué es la militarización? Se puede entender de diversas maneras. La primera tiene que ver con la potencialización de las fuerzas armadas; para otros, la militarización es utilizar a las fuerzas armadas en tareas no tradicionales, como la economía, desarrollo, salud. En cambio, hay quienes se refieren a la militarización como el empleo de las fuerzas armadas para combatir las amenazas internas de carácter no militar o realizar misiones y tareas competentes de las diferentes corporaciones policiacas.

Esta última definición podría describir perfectamente lo que se intentará realizar en México; si bien es cierto, aún NO EXISTE UNA MILITARIZACIÓN en el país, contamos con un ejército poderoso y multifuncional. Actualmente se le utiliza para construir aeropuertos, en el resguardo de vacunas. Desde hace años realiza tareas de seguridad pública en algunas zonas del país; es una corporación que se conforma y dispone de sus propios hospitales, escuelas y hasta un propio “sistema” bancario.

Lo expuesto en el párrafo anterior hace notar que, si bien no hay militarización en México, sí existe una institución bien organizada, estructurada y sumamente poderosa; cuando se tiene el propósito de que SEDENA tenga bajo su mando al Ejército y a la Guardia Nacional me parece altamente riesgoso, incluso para la estabilidad política del país, pues el Secretario o Secretaria de la Defensa sería uno de los hombres o mujeres más poderosos del país.

El riesgo que implica someter a la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional es grave. Las múltiples violaciones que han realizado militares a los derechos humanos de mexicanas y mexicanos son contundentes y numerosos.

Hay dos ejemplos conocidos: “Ayotzinapa” y “Tlaltlaya”. Son casos donde está probada la participación militar en esos sucesos tan deplorables y vergonzosos. Los militares debiesen regresar a los cuarteles, sin embargo, es una realidad que las corporaciones policiacas estatales y municipales se ven rebasadas e inferiores ante el poderío del crimen organizado.

Se ha intentado con la Gendarmería Nacional; se creó la Guardia Nacional con carácter civil, en algunas regiones del país se ha intentado con la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional; a pesar de ello, la violencia no ha cedido. Hoy se apuesta por una Guardia Nacional de carácter militar, veremos qué sucede, pero las esperanzas no son para nada alentadoras; apostemos a las políticas públicas preventivas del delito, destinemos recursos económicos a ellas, con una gran planeación y una mejor ejecución se darán, sin duda, los resultados esperados.

Como ciudadanos alcemos la voz ante las barbaries que se puedan cometer, denunciemos los delitos y los casos de abuso de autoridad, seamos observadores de la legalidad y cumplamos con nuestro papel de estar comprometidos con nuestro país. Estemos atentos a lo que pueda suceder con este “nuevo” cuerpo militar.

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