El día miércoles 13 de abril en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad la iniciativa relativa a la unificar el proceso civil y familiar; destaca que la tarea primordial es ponerse a la orden del día con el bloque de la constitucionalidad, cuyo propósito es establecer, como lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna, que la Ley Suprema de toda la Unión es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y los tratados internacionales en que México se ha suscrito. En estricto sentido, esta homologación brindará amplia protección a los derechos humanos.
Debemos destacar que en el procedimiento civil que actualmente se reglamenta deben regir los principios de igualdad en la partes y ante la ley, la inmediación, la economía procesal, la contradicción y otros más. En la propuesta de Código, que fue remitido para su discusión a la Cámara de Diputados, destacarán principios de actualidad y amplia trascendencia, como lo son el interés superior de la niñez, la impartición de justicia con miras en la paridad de género, la lealtad procesal y dos más que, desde mi perspectiva, son muy innovadores.
El primero de ellos consiste en que se tendrá prioridad para que las controversias entre particulares se resuelvan con el uso de los mecanismos alternos para la solución de las controversias. El segundo alude a la litis abierta en los procedimientos familiares, para ello debemos tener presente que actualmente la litis queda fijada al existir demanda y su contestación, más posible reconvención con su contestación, la propuesta contempla que la litis no quede cerrada con los actos procesales anteriores, sino que a lo largo del proceso se dé la posibilidad de integración a hechos nuevos.
Finalmente, es preciso destacar que la pandemia introdujo cambios relevantes en la impartición de justicia, que se contemplan ampliamente en el código propuesto al integrar la posibilidad de juicios en línea, audiencias a la distancia y demás recursos tecnológicos. La propuesta de Código, pendiente de aprobación en Diputados, adopta los elementos necesarios que exige la justicia cotidiana de la modernidad. De ser aprobado marcará un parteaguas en el derecho mexicano.
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