Democracia en riesgo; la crisis constitucional de México

Mucho se discute hoy en día sobre la dirección del constitucionalismo en nuestro país. Puede resultar difícil visualizar hacia dónde está caminando la política y el Estado de derecho en nuestro país; sin embargo, una vez que nos empapamos del tema, podemos ver que nos aproximamos a una crisis constitucional.

A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de cambios relevantes en las leyes de nuestro país. Uno de ellos es la tan sonada “Reforma Judicial”, producto de una distorsión de la democracia y del constitucionalismo, haciéndonos creer que estos conceptos se reducen únicamente al principio de mayoría, cuando en realidad tieenen más características. Entre ellas destacan la isegoría e isonomía, cuya ausencia degradaría tanto el constitucionalismo como la democracia, convirtiéndolos en un sistema arbitrario donde la voluntad de las mayorías o de una élite dominante, vinculada a un partido político, se impone sin un debate genuino ni igualdad ante la ley. Sin isegoría, la discusión pública es sesgada; sin isonomía, la Constitución pierde su función de garantía universal. Cuando esto sucede, el poder se centraliza, la oposición se silencia y la democracia degenera en una tiranía de la mayoría.

Esta degradación del constitucionalismo y la democracia tiene un origen claro: la demagogia. Esta práctica explota las emociones y el desencanto social para consolidar el poder, reduciendo la democracia a un mero juego de números donde la voluntad mayoritaria se impone sin restricciones.

Un ejemplo ya mencionado es la Reforma Judicial, que, bajo el discurso de "acercar la justicia al pueblo", ignora el valor epistémico de las decisiones judiciales. La propuesta de elegir jueces por voto popular, lejos de democratizar el sistema, lo somete a la hegemonía de una sola ideología. Se minimiza la importancia del conocimiento y la experiencia jurídica, abriendo la puerta a la manipulación y falta de imparcialidad.

Esta reforma no solo deteriora los controles jurisdiccionales, sino que debilita la certeza jurídica, generando un sistema donde las leyes pueden interpretarse de acuerdo con intereses populistas. Si los jueces deben su cargo a un partido o a la opinión popular, su imparcialidad se ve comprometida. La justicia deja de ser un pilar del Estado de derecho para convertirse en un instrumento de control.

Más que una reforma, estamos ante un retroceso que socava la esencia del constitucionalismo. Si no se refuerza la cultura jurídica y la participación informada, corremos el riesgo de perder los valores democráticos que tanto costó construir.

Finalmente, la actual Reforma Judicial no es un simple ajuste al sistema, sino la manifestación clara de la crisis constitucional que enfrentamos. La erosión de principios fundamentales como la isegoría y la isonomía demuestra que transitamos hacia un modelo donde la Constitución deja de ser un límite al poder, lo que provoca la pérdida de los principios constitucionalistas y democráticos.

Sin un real equilibrio de poderes y sin un compromiso con la cultura jurídica, corremos el riesgo de consolidar un régimen donde la arbitrariedad reemplace al derecho. Si no se detiene esta degradación institucional, la crisis constitucional se profundizará poniendo en peligro la estabilidad democrática y la vigencia de un verdadero Estado de derecho.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.

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