Democracia imperfecta y participación ciudadana

Hace unas semanas leía con interés un artículo que planteaba provocativamente la pregunta “¿es la democracia un sistema político y social infalible?”. Mi respuesta, después de mucho reflexionar acerca del tema, es un rotundo ¡no!

Aunque me considero un convencido demócrata, pienso que los países que han adoptado para sí esta forma de gobierno en su andamiaje legal tienen errores y defectos que deben corregirse para dar salida a los nuevos retos que enfrentamos como sociedad.

Ríos de tinta han corrido sobre el tema. Tal vez los ejemplos más claros en la actualidad los encontramos en libros que buscan desenredar los motivos del agotamiento de sistemas que, por siglos, se creyeron las mejores y más funcionales democracias en nuestro planeta, tal es el caso de “Cómo mueren las democracias”, de Levitsky y Ziblatt, uno de los autores que logran desnudar la fragilidad de esta forma de gobierno. Demuestran que hoy los autoritarismos avanzan a través de las instituciones y bajo las reglas del juego que, en el pasado, se escribieron para evitar su florecimiento.

Con este diagnóstico, preciso pero muy tardío, no sorprende que con cada ejercicio democrático que se lleva a cabo en el planeta encontremos resultados escalofriantes, ya que es cada vez más obvio el avance firme de las doctrinas autoritarias y discursos polarizadores, extremistas y violentos que surgen a partir de los malos resultados gubernamentales de las opciones políticas tradicionales.

David Van Reybrouck plasma en su obra “Contra las elecciones” un remedio para combatir la infección acelerada que deriva del descontento generalizado con los gobiernos actuales; receta una dosis más alta de democracia a los sistemas ya democráticos.

Esto solamente puede lograrse con la creación e implementación de mecanismos de participación ciudadana que involucren, de forma directa, a la ciudadanía en la toma de decisiones diarias que le afectan colectiva e individualmente y su posterior calificación por parte de los mismos individuos; es decir, su participación directa en las deliberaciones que tengan como intención la creación o modificación de leyes, la aplicación de políticas públicas, la priorización de gestiones, entre otras, y su posterior juicio para definir la eficacia o no de las acciones.

La puesta en marcha efectiva de figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, las consultas popular y ciudadana, así como el parlamento abierto conllevan un doble beneficio, dado que, además de colectivizar las decisiones y atender los reclamos sociales de una forma más efectiva, permiten corresponsabilizar a la comunidad y fungir como una especie de válvula de escape, lo que genera que los gobiernos no asuman de forma unilateral el desgaste de los resultados.

Suena sencillo, pero existen múltiples requisitos para que esto sea eficaz y funcional porque no basta con la elaboración desordenada y simulada de estas acciones de la democracia participativa. Rudolf Stammler menciona en “La teoría crítica del Derecho” que las decisiones mayoritarias pueden encontrarse bajo medios condicionados, por lo que la dificultad de su implementación ideal radica en la búsqueda de un resultado objetivamente óptimo hacia la colectividad.

Existe aquí la disyuntiva entre las consultas amplias e inclusivas que tomen en cuenta a todos los sectores y actores sociales o la delimitación de condiciones y características que necesitan cumplir quienes van a decidir, en un ejercicio específico, sobre algo que les afecta de forma directa -pensemos en una ley que impacta los derechos de minorías o grupos social e históricamente marginados-.

La democracia es falible y los instrumentos de democracia participativa es uno de muchos temas que, por más que queramos, difícilmente encontrarán consensos por la diversidad de pensamiento, posturas políticas e intereses que imperan en nuestra sociedad. Pero reflexionar sobre esos retos y buscar su génesis y némesis es lo que nos hace avanzar como sociedad porque contribuimos al perfeccionamiento de esta forma de gobierno construida sobre la búsqueda de la igualdad.

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