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DEMOCRATIZACIÓN Y REFORMISMO ELECTORAL EN MÉXICO


Mtro. Héctor Antonio Sánchez Olmedo / Servidor público en el Instituto Nacional Electoral (INE)
Villaflores, Chiapas, a 02 de agosto del 2022

Cuando estudiamos la historia de la democracia en distintos países nos podemos percatar que ha transitado por diferentes etapas; de acuerdo con cada país, puede ser más o menos violenta. En el caso de México resulta interesante analizar que el inicio por democratizar la vida pública ha estado marcado principalmente por la vía institucional, es decir por el reformismo electoral. Este proceso histórico puede verse claramente a partir de la Constitución de 1917, que creó la primera Ley Electoral del México posrevolucionario e institucional, con ello se pretendió avanzar hacia un sistema basado en la participación de la ciudadanía y los actores políticos, pero con autoridades electorales poco imparciales y sin autonomía en el ejercicio de su labor.

Sin embargo, esta Ley Electoral sentó los precedentes en materia de organización, por ejemplo, estableció la participación de ciudadanos como funcionarios de mesas directivas de casilla, los medios de impugnación y las representaciones de partidos políticos ante casilla, así como la elaboración de los expedientes de la elección; aunque en el papel se establecieron estas disposiciones, pasarían muchas décadas antes que pudieran consolidarse estos mecanismos.

Ahora bien, las posteriores reformas electorales fortalecieron el actuar del gobierno dentro de las elecciones, lo que impidió contar con elecciones transparentes y equitativas. En 1946, la reforma electoral planteada por Manuel Ávila Camacho consolidó el centralismo electoral, restringió el registro a nuevos partidos políticos y disminuyó la capacidad de los estados para organizar elecciones creando así la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que era operada desde la Secretaría de Gobernación.

En 1951, la presión de la oposición y las pugnas por abrir el sistema político mexicano dieron como resultado una nueva reforma electoral, con lo que se logró ampliar el margen de participación en el órgano electoral y crear la Comisión Federal Electoral. En esta reforma destaca la obligación de los partidos políticos de formar a su militancia por medio de los centros de cultura cívica.

Dentro de los estudios de la transición democrática en México, se identifica la reforma electoral de 1977 como el punto de inflexión histórica con el que inició la democratización en el país, sin embargo, es preciso dar lectura a su reforma previa, la cual fue, desde mi punto de vista, la que originó este proceso.

En 1973, con la reforma electoral se ampliaron los diputados partido, figura previa a los diputados plurinominales, lo que elevaría la representación de otras fuerzas políticas y propiciaría la democratización del campo legislativo; también disminuyeron los requisitos para formar partidos políticos.

En 1977 los problemas sociales y los grandes conflictos por los que venía atravesando el país dieron como resultado que el partido hegemónico iniciara un proceso de liberalización política; cedió a las exigencias de la oposición y la ciudadanía que reclamaba democracia en México, con ello se publica el 6 de diciembre de 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), que incluye una serie de disposiciones que abonarían a la representación y ampliación de los derechos políticos electorales.

Los resultados de esta reforma de gran calado fueron importantes para el país, al aumentar un 25% la representación en la Cámara de Diputados y permitir el registro de nuevos partidos políticos.

La elección de 1988 mostró la poca transparencia del órgano electoral para organizar los comicios. Entre una seria de acusaciones de la oposición, este proceso se convirtió en un ícono de corrupción, opacidad e intervención del gobierno. La presión social nuevamente fue la que impulsó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), en 1990; sin embargo, fue hasta 1994 cuando se le dio autonomía y pudo desprenderse de la influencia del Poder Ejecutivo.

Sí bien es debatible el avance de nuestra democracia, y existen voces que justamente señalan que no ha existido más que un perfeccionamiento en el procedimiento, lo cierto es que ha permitido ampliar la representación política, dotar de derechos electorales a los ciudadanos y a los partidos, elementos claves para cualquier democracia.

El camino mexicano a través del reformismo electoral ha sido menos violento y está acompañado de una dinámica de presión social, liberalización y reformas que, de una u otra manera, ha prosperado para fortalecer a nuestras instituciones.

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