Las nuevas reglas financieras en EE.UU., derivadas de esfuerzos contra el lavado de dinero, ahora abordan también el financiamiento de la cadena de suministro de drogas sintéticas, combatir al terrorismo y promover la seguridad nacional mediante el uso estrátegico, análisis y diseminación de la inteligencia financiera. El combate a las drogas ya no es exclusivo de la Drug Enforcement Administration (DEA), corresponde también a las autoridades financieras.
El Presidente Joe R. Biden en 2021, en respuesta a la epidemia de opioides sin precedentes que lacera a los EE. UU., emitió la Órden Ejecutiva (O.E.) 14059 - Imposición de sanciones a extranjeros involucrados en el tráfico mundial de drogas ilícitas. Por virtud de la cual, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) ha impuesto sus más de 290 sanciones económicas contra de entidades extranjeras involucradas en la cadena de suministro de fentanilo y demás opioides sintéticos, las cuales pueden ser personas físicas, empresas (ordinarias o fantasmas) o el crimen organizado.
La Sección 2 de la O.E. 14059 faculta al Departamento del Tesoro para imponer a los extranjeros involucrados al tráfico transnacional con las siguientes sanciones: 1) congelación de activos en los EE. UU. y en países con tratados de cooperación judicial; 2) restricción de transferencias financieras que involucren al sancionado; 3) prohibición a entidades financieras estadounidenses para otorgar préstamos o créditos al sancionado; 4) prohibición de realizar transacciones en moneda extranjera de cuyo interés tenga el sancionado; 5) prohibición a ciudadanos y residentes estadounidenses para invertir y/o contratar con el sancionado; y 6) sanciones financieras a ejecutivos y directivos involucrados en casos de empresas sancionadas. Adicionalmente, a los sancionados se les prohíbe contratar con agencias gubernamentales y su entrada a los EE. UU. queda restringida.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), agencia adscrita al Departamento del Tesoro emitió el 20 de junio de 2024 un Aviso Suplementario sobre la adquisición de precursores químicos de drogas sintéticas, denominado como la FIN-2024-A002. En dicho Aviso la Unidad mencionó diversas tipologías financieras asociadas con la adquisición de tales precursores, tales como el uso de empresas fantasma y fachada; transferencias de dinero a través de bancos, servicios monetarios y procesadores de pagos en línea entre varios países; y pagos transnacionales en monedas y activos virtuales.
Esta nueva regulación financiera hace que la debida diligencia en el mercado financiero ya no se ciña a la regulación antilavado, sino que ahora se debe procurar cortar el financiamiento en la cadena de suministro de drogas sintéticas. La FIN-2024-A002 requiere que los bancos, corredores o comerciantes de valores, fondos mutuos y comisionistas de futuros generen procedimientos adecuados basados en el riesgo para asegurar una “debida diligencia continua” con su cliente, que incluyan la comprensión de la naturaleza y el propósito de las transacciones de sus clientes.
También requiere de un seguimiento continuo para identificar e informar transacciones sospechosas, mantener y actualizar la información del cliente. El FinCen advierte a las entidades financieras que esta nueva regulación antinarcóticos debe entenderse como una adición a las obligaciones antilavado prescritas por la Sección 312 del USA PATRIOT ACT (31 U.S.C. § 5318(i)).
La regulación financiera estadounidense antinarcóticos debe hacernos preguntar qué papel debe jugar México en el combate transnacional contra el narcotráfico sintético. Lo más mesurado será, quizá, que nuestra regulación bancaria, financiera y antilavado se actualice conforme a estos nuevos estándares. Prudencia y rapidez requiere esta problemática. Finalmente, es previsible que estos nuevos estándares le sean requeridos paulatinamente a México conforme a lo acordado en el Objetivo 3 del Entendimiento Bicentenario México - Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
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