El precio de un capricho

Mil quinientas treinta y una hectáreas de instalación aeroportuaria son utilizadas diariamente por, a lo mucho, cien personas. Cuentas de agua, luz, telecomunicaciones y nóminas son erogadas del gasto público federal para operar entre dos y cuatro vuelos al día, ¿esto es realmente compatible con la “austeridad republicana” que nuestro gobierno implementó con la Ley Federal de Austeridad Republicana?

 A mi parecer no lo es, en tanto que no hay una adecuada administración de los recursos que actualmente mantienen en operación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

 Como bien cuentan las leyendas urbanas y los datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se invirtieron dos mil ochocientos veintitrés millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés pesos en este aeropuerto, sin contar los ciento trece mil trescientos veintisiete millones de pesos que costó cancelar el aeropuerto de Texcoco, que ya tenía 30% de avance estructural.

Este último, estaría ubicado en donde había una reserva ecológica, pero que hoy es un nido de moscas, lodo y basura por el abandono en que se dejaron las obras. Si bien el presidente justificó la decisión de cancelar la construcción de ese aeropuerto en la intención de erogar una cantidad diligente, acorde al presupuesto federal y respaldado por una consulta popular, ello resultó económicamente contraproducente y acarreó un daño ambiental irreversible en la reserva ecológica de Texcoco.

 Ahora bien, los porcentajes no mienten. De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, una abrumadora mayoría de usuarios de los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México prefiere comprar vuelos operados y programados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, a pesar de la saturación en el servicio de esa terminal, que en el AIFA.

Los principales motivos de lo anterior son: la inaccesibilidad del transporte (público y privado) hacia ese aeropuerto y la distancia. Entonces, en este sentido, tenemos un aeropuerto que no genera, pero sí consume, un aeropuerto saturado y un ecocidio. 

Desde la plataforma política es claro que la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco deriva más de una demagogia y estrategia eminentemente detentadora de poder que de un punto de vista económico o social. El ejercicio del poder de la actual administración se ha demostrado sistemático, rígido e, incluso, arbitrario.

Se ha buscado disminuir y hasta eliminar a la competencia, a través de un monopolio político y una voz unificada a costa de silenciar las demás. El silencio que se perpetúa en esta administración es similar al silencio que se percibe en los pasillos del AIFA.

 Vacío y sin pasajeros… ¿como las voces de la oposición?

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.

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