El sindicalismo educativo es un remanente de lo que fueron los factores centrales del sistema político mexicano del siglo XX: clientelismo, verticalidad y cooptación de intereses económicos y políticos en perjuicio de sus propios agremiados.
Tales características transforman al gremio en un actor político que busca mantener sus fueros, hacerse de recursos y utilizarlos de manera discrecional evitando el progreso de la educación en México.
Podemos identificar dos principales problemáticas, la primera: liderazgos del gremio utilizan tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como entidades de poder e influencia política-económica-electoral, no como estructuras sindicales educativas.
La segunda: basados en su enorme peso político-económico-electoral, durante décadas el sindicalismo y sus dos mayores estructuras asumieron conductas metalegales: compraventa de plazas, fueros legales y la no evaluación. Ambas problemáticas resultan de importancia, ya que desvirtúan al gremio de maestros y la naturaleza docente transformándolas en un mecanismo de poder y elemento de impunidad evitando el progreso de la educación en México.
Este rezago y sus dos problemáticas representaron un enorme reto para el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en función de esto que se llevó a cabo la Reforma Educativa, con la cual el magisterio vio amenazados sus fueros; llevando a secciones de ambos sindicatos a plena rebeldía, como en el caso de Chiapas, donde fueron suspendidas las clases por semanas, o la resistencia violenta en Michoacán o Oaxaca, donde se tomaron calles y tuvieron enfrentamientos con las autoridades.
El sindicalismo educativo nacional es un lastre de lo que fueron los arreglos o usos y costumbres del sistema político mexicano del siglo XX, que terminan por degenerar la naturaleza del gremio y lo transformaron en una estructura política-económica-electoral que le permitió hacerse de fueros tanto legales como metalegales en perjuicio de los alumnos.
En función de esto, la implementación de la reforma educativa ayudó a acotar los fueros de los agremiados a través de la evaluación y eliminar los fueros metalegales para así garantizar la capacitación de los agremiados y crear un Estado de derecho donde la educación no sea un botín político, sino el instrumento de desarrollo de los mexicanos.
Este avance sin precedentes, que la nación exigió y esperó por décadas, nos duró muy poco porque en 2019, con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, la contrarreforma educativa dejó sin efecto la Reforma Educativa de Peña Nieto.
Faltan poco más de dos años para que finalice el sexenio, por lo que es importante cuestionarnos: ¿queremos seguir atrapados en los vicios del pasado con políticas públicas de los años 70? o ¿queremos ir a la modernidad con reformas estructurales de avanzada que pongan a México en la vanguardia mundial?