Luis Andrés Cano Silva
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Licenciatura en ciencias políticas
La gobernanza digital se refiere al conjunto de políticas, normas y prácticas que regulan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una sociedad. En México, este concepto ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que aceleró la digitalización de servicios públicos, la educación en línea y el comercio electrónico. Sin embargo, este avance no ha sido acompañado de un marco regulatorio sólido ni de una infraestructura que garantice el acceso equitativo a la tecnología.
Uno de los principales problemas que enfrenta México en esta materia es la brecha digital. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 70% de la población tiene acceso a internet, pero esta cifra oculta profundas desigualdades. En zonas rurales y comunidades marginadas, la conectividad es limitada o inexistente, lo que excluye a millones de personas de los beneficios de la digitalización. Esta brecha no solo es un problema técnico, sino también un reflejo de las desigualdades estructurales que persisten.
Otro desafío crítico es la falta de un marco legal robusto que proteja los derechos digitales de los ciudadanos. Aunque México cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, esta normativa ha quedado obsoleta frente a los avances tecnológicos y las nuevas formas de vigilancia y explotación de datos. La ausencia de una legislación actualizada en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y privacidad digital deja a los ciudadanos vulnerables ante el abuso de empresas y gobiernos.
Además, la gobernanza digital en México debe enfrentar el desafío de la transparencia y la rendición de cuentas. A medida que más servicios públicos se trasladan al ámbito digital, aumenta el riesgo de corrupción, opacidad y mal uso de los recursos. La implementación de sistemas de gobierno electrónico debe ir acompañada de mecanismos que garanticen la integridad de los datos y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, no todo son obstáculos. México tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en gobernanza digital si logra aprovechar su capital humano y su potencial innovador. Para ello, es necesario adoptar una estrategia integral que incluya la inversión en infraestructura tecnológica, la capacitación de la población en habilidades digitales y la creación de políticas públicas que fomenten la innovación y la inclusión.
La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica; es una cuestión de justicia social. En un país como México, donde la desigualdad es uno de los mayores desafíos, la tecnología debe ser un instrumento para reducir las brechas, no para ampliarlas. Esto requiere un compromiso firme del gobierno, el sector privado y la sociedad civil a fin de construir un ecosistema digital que priorice el bien común sobre los intereses particulares.
En conclusión, la gobernanza digital en México es un desafío urgente que no puede esperar. En la era de la transformación tecnológica, el país tiene la oportunidad de reinventarse y construir un futuro más justo y equitativo. Pero para lograrlo es necesario actuar con visión, responsabilidad y un compromiso genuino con los derechos y necesidades de todos los ciudadanos. El tiempo de actuar es ahora.
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