Ha comenzado la discusión de la gran propuesta de reforma electoral que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador diera a conocer meses atrás, lo cual ha desatado un gran debate debido a la polarización, pero también a la cantidad de ideas y pensamientos sobre si debe o no realizarse una reforma de tal magnitud a nuestro sistema democrático.
Sin duda, la propuesta contempla grandes cambios estructurales y políticos para nuestra democracia. Uno de los puntos que llamó fuertemente mi atención fue plantear la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y los Tribunales Electorales Locales, que cumplen un papel muy importante en la organización de los procesos electorales y que han aportado grandes cambios a nuestro sistema político y democrático.
Con sinceridad debemos preguntarnos si merece la pena desaparecer los OPLEs y los Tribunales Electorales Locales. La ciudadanía respalda en gran medida la vigencia del modelo actual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, 59.6% de la población confía en el INE, por encima del 52.5% de quienes declaran su confianza en la figura presidencial o del 33% que señala confiar en las y los legisladores.
Hace poco tuve la oportunidad de escuchar al Magistrado Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien mencionó que a inicios de septiembre el propio TEPJF realizó una encuesta en la que “sólo 17% de los ciudadanos considera que el sistema funciona mal y requiere reformas de fondo”.
Los datos y las opiniones coinciden, entonces, en que el modelo electoral sigue vigente, es eficaz y garantiza la certidumbre de las reglas y, a la par, la veracidad de los resultados. Esto no significa que todo funciona a la perfección y no requiere mejoras o ajustes, pero los cambios deben darse dentro del marco actual e, incluso, en ocasiones, en otras áreas del funcionamiento del Estado y no en la arena electoral.
Estos organismos locales cumplieron casi 24 años de funcionar, tiempo en el que han aportado grandes cambios y siguen siendo de gran apoyo en la realización de las jornadas electorales que cada tres años se realizan.
El preámbulo de la creación de los Organismos Públicos Locales se da a partir de reformas electorales como la de 1977, cuando inició la apertura para que expresiones políticas nuevas contribuyeran a la consolidación del sistema de partidos y a la transición hacia un sistema que incluyera instituciones electorales independientes y fortalecidas.
Con esta reforma se dio la llamada “regulación de los partidos políticos” y la apertura a nuevas expresiones políticas al flexibilizar las reglas y condiciones para construir nuevos partidos mediante la novedosa figura del registro condicionado al resultado de la elección.
Entonces se consignó, por primera vez, la naturaleza de los partidos al concebirlos en la Constitución como “entidades de interés público”. También se establecieron sus fines: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la representación de la integración nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Además, se les reconocieron dos prerrogativas importantes: participar en las elecciones estatales y municipales con el registro nacional y la del uso permanente de los medios de comunicación social. Con ello se hizo necesario tener órganos electorales que organizaran las elecciones estatales y municipales.
Con el objeto de identificar cuál era el órgano que se encargaba de la organización de las elecciones a nivel estatal hasta antes del surgimiento de los Institutos Electorales Autónomos, cada estado tenía una Comisión Estatal Electoral, integrada con representantes designados por el Ejecutivo y el Legislativo, representantes de cada partido político, y demás funcionarios, todos designados por otra autoridad, por lo que la injerencia de los poderes de cada entidad estaba presente en esa composición y, consecuentemente, en el proceso electoral.
La creación de los Institutos Locales Electorales autónomos buscó que se garantizara la independencia en su conformación y en la organización de los comicios. Su actuar a nivel local aportó un mejor conocimiento y entendimiento de la ciudadanía, lo que permitió generar prácticas e instrumentos exitosos.
A 1991 se le considera como el año formal de creación de los OPLEs y con ello inició una reestructuración en la conformación de los órganos electorales de las entidades federativas. La organización de elecciones por parte de los OPLEs se lleva a cabo desde hace 28 años, si tomamos como referencia la creación del primer Instituto Electoral del Estado de Colima en 1991, podemos decir que el tiempo y experiencia realizando comicios es similar a la del ahora Instituto Nacional Electoral.
Han permitido generar condiciones de gobernabilidad con orden social, en lo que corresponde a las elecciones, con todo lo que ello implica. Han tenido que avanzar al ritmo de los cambios políticos, sociales e, incluso, tecnológicos, a fin de garantizar el buen desempeño de sus funciones.
Han generado grandes aportaciones y cambios a la democracia del país, tema que abordaremos en el siguiente artículo.