La desigualdad económica en México es un lastre que afecta a gran parte de la población. La actual crisis, derivada del COVID-19, será un detonador de la brecha de desigualdad e inequidad en nuestra sociedad. La situación a nivel mundial es tan grave que diversas figuras públicas han alzado la voz en contra de la desigualdad y la inequidad. Incluso, el Papa Francisco emitió una encíclica, Fratelli Tutti, para urgir a los gobiernos del mundo a emitir políticas económicas que tomen en cuenta a los más necesitados y consideren al bienestar del ser humano como el fin de toda política económica. No dejar a nadie atrás es el propósito.
Las consecuencias económicas derivadas de la pandemia significarán nuevos retos y, en consecuencia, se necesitarán de estrategias a fin de darle solución a esta crisis; tratar de solucionarlo con las mismas medidas es como tratar de resolverla haciendo lo mismo: se perpetúa el estatus quo y así no se pueden esperar resultados distintos. Por ello, toda política estatal tendiente a generar un cambio positivo debe partir de una óptica democrática e inclusiva que considere a la dignidad humana como piedra angular de toda decisión política. Asimismo, nos obligan a todos a reflexionar sobre la esencia y el papel que deben tomar las instituciones democráticas encargadas de dictar la política económica.
Por otra parte, se añade a la problemática actual lo que denuncia el articulista chileno Matías Cociña sobre la inequidad y la meritocracia. Para él, la meritocracia se ha vendido en distintos círculos académicos y políticos como la omnipotente y absoluta solución a problemáticas como la desigualdad social.
La idea de que el mérito es en sí valioso y mejorará las condiciones sociales de la mayoría se ha vendido bastante bien, pero constituye una falacia. Así pues, el autor condena diciendo que el orden meritocrático sufre de contradicciones internas en sus principios de operación, que le son constitutivas y que tienden a subvertir. No hay meritocracia sustentable por elitismo que contrasta con los ideales de representación democrática.
Por otra parte, como menciona el autor, el sistema meritocrático tiende a carcomer las bases democráticas de una sociedad. El pilar fundamental de la democracia descansa en ser un gobierno compuesto del pueblo para el pueblo, mientras que la meritocracia genera un gobierno elitista, aislado en una burbuja de privilegios que les impide conocer la realidad social de sus gobernados (falta ver el comportamiento de Samuel García). Así pues, una población tan desigual como la nuestra requiere de gobernantes que conozcan de primera mano las problemáticas que aquejan a su país, se requiere igualmente de experiencia y sensibilidad social.
En síntesis, por las ideas y los hechos antes expuestos resulta de gran interés preguntarse sobre las ventajas o desventajas de tener un gobierno meritocrático en nuestro país. La desigualdad social y económica que nos aqueja obliga a que todos, desde nuestra propia trinchera, reflexionemos y cuestionemos sobre la realidad social mexicana. No obstante, como se comentó anteriormente, un régimen meritocrático generaría mayores problemas que soluciones y la solución debe integrar valores democráticos a la discusión.