La labor legislativa en la era digital: ciencia, ética y pensamiento crítico como ejes fundamentales

Nos enfrentamos a una era en la que la información circula con una velocidad sin precedentes gracias a las plataformas digitales y el avance vertiginoso de la inteligencia artificial (IA); en este escenario, el diseño y sustento de las iniciativas de ley exige un compromiso firme con los principios de la investigación científica y la ética. El quehacer legislativo no puede ni debe deslindarse de la responsabilidad de construir marcos normativos sólidos, bien argumentados y coherentes, que respondan a las necesidades reales de la sociedad. EL trabajo intelectual de la legislación va de la mano de los preceptos éticos de la investigación: combatir el plagio, ofrecer una coherencia argumentativa y un tejido fino entre los datos y el relato que permitan comprender los alcances de los proyectos legislativos.

Por lo anterior, una iniciativa de ley representa mucho más que una propuesta normativa; es el reflejo de una lectura profunda de la realidad y por lo tanto la puerta de entrada a nuevos derechos o la garantía constitucional de los ya adquiridos. Esa responsabilidad profesional demanda una elaboración a partir de procesos rigurosos de investigación que incluyan el análisis de datos, la revisión de literatura especializada y el diálogo con actores clave. El conocimiento científico, en sus múltiples formas, constituye una herramienta indispensable para entender problemas complejos, valorar sus múltiples dimensiones y proponer soluciones viables y sostenibles. En otras palabras, una legislación basada en evidencia y no en ocurrencias.

La solidez técnica no basta si no se acompaña de una ética firme. El respeto irrestricto a los principios de honestidad académica —como la prohibición del plagio, la correcta citación de fuentes y la transparencia metodológica— es esencial para garantizar la legitimidad del proceso legislativo. La coherencia argumentativa, es decir, la capacidad de construir un relato claro, estructurado y respaldado por evidencia, permite no sólo persuadir, sino también informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el alcance de las reformas, adiciones, modificaciones o abrogaciones planteadas.

La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías plantean tanto oportunidades como desafíos. Si bien estas herramientas pueden facilitar la recolección y análisis de grandes volúmenes de información, también conllevan el riesgo de reproducir sesgos, la ciega creencia de lo correcto emitido por lo artificial. Ante ello, es urgente que el trabajo legislativo incorpore estrategias sólidas de gestión de la información, que no se limiten a almacenar datos, sino que permitan seleccionar, jerarquizar y analizar críticamente los contenidos disponibles. De los procesos académicos científicos se pueden adoptar prácticas como el uso de instrumentos para la revisión de textos, a partir de escalas de evaluación o rúbricas con criterios mínimos admisibles.

Quienes nos encontramos ante la responsabilidad de asesorar en lo legislativo, tenemos la responsabilidad indispensable de formarnos y fortalecer competencias de lectura crítica y análisis de textos. Comprender un texto no implica sólo decodificar palabras, sino identificar argumentos, reconocer supuestos, detectar contradicciones y, sobre todo, relacionar lo leído con contextos reales. Esta perspectiva crítico-analítica es la que permitirá construir marcos jurídicos que no se limiten a cumplir formalidades, sino que respondan a los problemas públicos con profundidad y pertinencia.

La argumentación basada en evidencia debe erigirse como la piedra angular del discurso legislativo. En una época en la que las emociones, la desinformación y las narrativas simplistas amenazan con polarizar y desvirtuar el debate público, sosteniendo las iniciativas en datos verificables, estudios de caso y diagnósticos sociales rigurosos es una forma de defender la razón y la democracia, reflejada en nuestras leyes.

Legislar hoy exige mucho más que redactar normas y cumplir con indicadores de productividad numérica. Legislar requiere pensamiento crítico, integridad intelectual y un compromiso ineludible con el conocimiento como base de la transformación social. Solo así se podrán construir leyes que no solo respondan al presente, sino que anticipan un futuro más justo, incluyente y basado en la verdad. Esa es la responsabilidad de la legislatura: sumar asesores y asesoras con sentido crítico y ético, por el bien de la nación.

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