La reforma que nunca debe ser discutida

Pretender una reforma electoral con la magnitud y características de la propuesta de la 4T, a menos de dos años del proceso electoral del 2024, pone en riesgo el proceso de la transición presidencial por una vía “auténtica democrática”.

Es una reforma elaborada para crear el Instituto de Elecciones y Consultas, con lo que desaparecerá al INE que tantos años costó a los mexicanos conseguir. Cabe mencionar que el INE, hasta la reforma electoral del 2014, era el Instituto Federal Electoral y contaba con menos facultades en materia electoral.

La reforma de 2014 quitó cierto control a los organismos electorales en la organización de los comicios en sus estados. Dando mayor certidumbre a los comicios al evitar que los gobiernos estatales pudieran intervenir de manera directa en los comicios.

La credencial de elector tiene dieciséis filtros de seguridad, lo que la hace una de las más confiables del mundo. El proceso de ciudadanización del INE dio la oportunidad de que, en México, en el año dos mil, tuviéramos después de la revolución mexicana, esto es, setenta y uno años, una genuina transición democrática.

Aunque en sus principios el IFE, su consejo general, era presidido por el secretario de Gobernación, fue un avance importante. En los años del 1990 fue cuando se comenzó a alzar la voz hacia un IFE autónomo, un IFE ciudadano, lo que se consiguió.

Las reformas electorales de 1977 fueron permitiendo estos avances, así como la apertura del Congreso a la oposición con senadurías y diputaciones federales de representación proporcional. Ha sido mucho lo que se ha construido por la democracia mexicana; en el tiempo de existencia del IFE-INE hemos vivido tres alternancias en la presidencia de la República, congresos equilibrados y habitados por diversas fuerzas políticas.

Por tanto, al INE se le considera a nivel mundial como la entidad que organiza las elecciones más confiables en el mundo, tanto así que ha organizado elecciones en otras partes del planeta.

Estoy de acuerdo en la propuesta de disminuir a los integrantes del Consejo General de este organismo, de once a siete. El problema es la propuesta de que sean instituidos mediante votaciones de participación directa.

Explicó que actualmente se hace una convocatoria pública, en donde se inscriben los que creen que pueden ser consejeros. Los aspirantes son evaluados por un comité técnico, el cual está integrado por tres personas nombradas por la Jucopo de la Cámara de Diputados, dos por el Inai y dos por la CNDH. El comité arma quintetas, las cuales son votadas por la Cámara de Diputados con dos terceras partes de los votos.

La propuesta de la reforma electoral es que el jefe del Ejecutivo haga una propuesta de 20 personas; 10, la Cámara de Diputados; 10, la Cámara de Senadores; y 20 más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alguien que quisiera ser consejero y que no es conocido tendría que pedir el auxilio de los partidos políticos, con lo que estaríamos 'partidizando' esos candidatos a consejeros; existe un escenario posible en el que los siete consejeros electos fueran los propuestos por el presidente de la República, es decir, que probablemente estarían alineados a una posición política.

Por eso es que tenemos que cuidar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, porque con la nueva fórmula eso se erosionaría para mal de todos. Es una jugada en la que todos y cada uno de los actores políticos, incluidos los ciudadanos debemos estar pendientes.

Si algo nos ha dado la estructura electoral actual es la certeza de que quien gobierna surge de elecciones libres, transparentes y confiables; eso no es poca cosa.

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