/ Pluralidad
- Nov 15, 2022
La reforma que nunca debe ser discutida
Aram Vázquez Requena
Pretender una reforma electoral con la magnitud y características de la propuesta de la 4T, a menos de dos años del proceso electoral del 2024, pone en riesgo el proceso de la transición presidencial por una vía “auténticamente democrática”.
Es una reforma elaborada para crear el Instituto de Elecciones y Consultas, desapareciendo al INE, que tantos años costó a los mexicanos conseguir. Cabe mencionar que el INE, hasta la reforma electoral del 2014, era el Instituto Federal Electoral, que contaba con menos facultades en materia electoral.
La reforma de 2014 quitó cierto control a los organismos electorales en la organización de los comicios en sus estados. Dio mayor certidumbre a los comicios evitando que los gobiernos estatales pudieran intervenir de manera directa en los comicios.
La credencial de elector tiene dieciséis filtros de seguridad, haciéndola una de las más seguras del mundo. El proceso de ciudadanización del INE fue lo que dio la oportunidad de que en México en el año 2000 tuviéramos, después de la Revolución, después de 71 años, una genuina transición democrática.
Aunque en sus principios el IFE, su consejo general, era presidido por el secretario de Gobernación, fue un avance importante. En la década de los años 90 fue cuando se comenzó a alzar la voz por un IFE autónomo, un IFE ciudadano, lo que se consiguió.
Las reformas electorales que se dieron entre 1977-1997 permitieron estos avances, así como la apertura del Congreso a la oposición con senadurías y diputaciones federales de representación proporcional.
Es mucho lo que se ha construido por la democracia mexicana en el tiempo de existencia del IFE-INE. Hemos vivido tres alternancias en la presidencia de la República, congresos equilibrados y conformados por diversas fuerzas políticas.
Por tanto, al INE se le considera a nivel global como la entidad que organiza las elecciones más confiables en el mundo. Tanto así, que ha organizado elecciones en otros países.
Estoy de acuerdo en la propuesta de disminuir los integrantes del Consejo General de once a siete. El problema es la propuesta de que los consejeros sean instituidos mediante votaciones de participación directa.
Actualmente se hace una convocatoria pública en donde se inscriben los que creen que pueden ser consejeros. Los aspirantes son evaluados por un comité técnico integrado con tres personas nombradas por la Jucopo de la Cámara de Diputados, dos por el Inai y dos por la CNDH. El comité arma quintetas, las cuales son votadas por la Cámara de Diputados con dos terceras partes de los votos.
La propuesta de la reforma electoral es que el jefe del Ejecutivo haga una propuesta de 20 personas; 10, la Cámara de Diputados; 10, la Cámara de Senadores, y 20 más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alguien que quisiera ser consejero y que no es conocido tendría que pedir el auxilio de los partidos políticos, con lo que estaríamos 'partidizando' esos candidatos a consejeros. Existe un escenario posible en el que los siete consejeros electos fueran los propuestos por el presidente de la República, es decir, que probablemente estarían alineados a una posición política.
Por eso es que tenemos que cuidar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, porque con la nueva fórmula eso se erosionaría para mal de todos. Es una jugada que nos atañe a todos y cada uno de los actores políticos, incluidos los ciudadanos.
Si algo nos ha dado la estructura electoral actual es la certeza de que quien gobierna surge de elecciones libres, transparentes y confiables y eso no es poca cosa.
