Bajo el concepto de fintech se pueden conceptualizar una multitud de servicios financieros que son ahora posibles gracias a la tecnología. Hoy se puede convocar a inversionistas a que financien un proyecto por medio de una aplicación, ofrecer servicios financieros especializados a actividades específicas gracias al intercambio de información digital, adquirir un auto o un bien inmobiliario en línea con mayor seguridad y mejor precio.
También se puede facilitar el uso de distintas monedas, financiar emprendedores, comprar en línea todo tipo de productos o incluso intercambiar bienes y servicios. Se trata de una serie de instrumentos que pueden generar un incremento importante de la competitividad de la economía mexicana, así como atraer inversión y generar empleo.
Ahora, la principal ganancia que puede tener el país es incrementar de manera importante la inclusión financiera en el corto plazo sin necesidad de grandes inversiones y sin incurrir en riesgos. México es una de las naciones de ingreso medio con peores indicadores en esa materia. La excesiva regulación, herencia de la crisis financiera de los 90s, ha impedido que se genere competencia, de tal forma que más sectores de la población sean atendidos.
La oferta de servicios de ahorro, crédito y seguros, vía digital, es la oportunidad real que tiene el país para mejorar la inclusión financiera, ya que las nuevas tecnologías, de servicios accesibles a menores costos, pero también de mejores cálculos de riesgo de demanda, puede ofrecer salud financiera a millones de personas.
Para lograrlo, no bastan las versiones y los servicios digitales que desarrollan los bancos tradicionales, esos van a ayudar a mejorar el servicio de los que ya son usuarios habituales de la banca, pero se requiere de actores interesados en nuevos nichos de mercado, como personas con ingresos medios, los informales, los que viven en comunidades remotas, o los jóvenes que demandan ese tipo de opciones.
En realidad, hay poco que celebrar en el tema fintech en el país. A cinco años de su publicación, la ley, que contempla a tres reguladores, algo inusual, en realidad se ocupa de operaciones de crowfunding y de operadores de pagos. Es posible que gracias a ella se ha podido ampliar la posibilidad de uso de tarjeta en pequeños negocios, que a la banca no le interesan, gracias a que operadores independientes lo ofrecen, pero limitados por los costos que se imponen por las cámaras de compensación que domina la banca.
Existe una resolución de la Cofece pendiente en el tema. Otras instituciones en realidad operan con figuras diseñadas para fines distintos, no para los servicios financieros digitales. Es necesario que la legislación establezca con claridad la figura de la banca digital para instituciones que no operan como bancos tradicionales, con la regulación pertinente para ese tipo de servicios.
La regulación secundaria de la ley fintech no se ha publicado y los transitorios de esta ley no se han cumplido, por lo que no se avanza en temas como open banking, o la posibilidad de que distintas instituciones utilicen, con autorización de los usuarios, su historial financiero para ofrecer mejores servicios y productos individualizados, ni facilitar el llamado onboarding digital, que es la posibilidad de abrir cuentas bancarias de manera remota.
Falta también una estrategia para facilitar el depósito de las transferencias de los programas sociales en cuentas bancarias, si así lo decide y es del interés del beneficiario. Ese tipo de servicios, los de finanzas digitales puede servir también para facilitar el horro y el crédito en áreas de interés público, como protegerse en contra de la inflación, facilitar el pago de impuestos, adquirir una vivienda, pagar por servicios educativos o tener acceso a servicios médicos.
La inclusión financiera va a permitir avanzar en la reducción del uso de efectivo, con efectos benéficos en términos de seguridad, combate al crimen organizado y mejor fiscalización tributaria.
La agenda fintech tiene que tomarse en serio, la regulación debe de actualizarse desde un punto de vista estructural, tomando en cuenta todos los segmentos del sistema financiero y se deben establecer metas concretas para incrementar la oferta de los servicios por la vía digital y, especialmente, para incrementar la inclusión.
No se trata de la agenda de un grupo de emprendedores fanáticos de la tecnología, sino una auténtica oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, a fin de que millones puedan aprovechar la estabilidad financiera del país para con solidar su patrimonio, tener un préstamo, protegerse de la inflación o evitar riesgos catastróficos por medio de un micro seguro. La experiencia es buena y amplia en otras naciones, basta mirar a Sudamérica y aprender de lo que han hecho, mucho de ello solamente con la visión y la regulación adecuada.