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Legalización de la marihuana medicinal en Baja California


Jared Hortiales / Ciencias Políticas y Admón. Pública en UAEM, Derecho en UVEG y Seguridad Pública en UDEM.

Baja California es una de las zonas de mayor dinamismo político, social y cultural de nuestro país, esto por su relación directa con los Estados Unidos, su población multirracial y la llegada de miles de migrantes de diversas partes del mundo y de la República Mexicana; la entidad fronteriza ha sido testigo de constantes cambios propios de una nación cosmopolita y vanguardista.

El pasado 31 de enero, Baja California fue la primera entidad en legislar formalmente el consumo y comercio medicinal de la marihuana, siendo punta de lanza para la despenalización del comercio en México y América Latina.

Si bien es cierto que la marihuana ha sido despenalizada por medio del Amparo 237/2014 revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1/2018, que eliminó los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que refiere la posibilidad de consumir, cultivar, transformar y transportar marihuana para su uso lúdico, a través de un permiso expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la propia jurisprudencia es ambigua con relación al comercio.

Lo anterior se debe a que permite el consumo, pero no la compra o venta de la planta en cualquiera de sus presentaciones, lo que deja una laguna para que los consumidores puedan hacerse del producto. Ante ello y con la expedición de un sinnúmero de amparos, la Cámara de Diputados en 2016 y 2017 legisló la comercialización de la planta a nivel federal, dejando que las entidades legislaran su comercio.

Como consecuencia y con diversos antecedentes en el tema de la marihuana, fue hasta el 31 de enero de 2023 que Baja California le ha dicho sí al uso de la planta y sus derivados con fines medicinales, supliendo una importante demanda de ciudadanos que requieren de ella para tratar diversas patologías y convirtiendo a la entidad en un mercado competitivo para el comercio del producto frente a California.

La iniciativa fue promovida por la diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES), Montserrat Rodríguez Lorenzo, que ha sido acompañada por diversos activistas, entre los que destacan Cesar Hank Inzunza, quien ha sostenido una agenda de no criminalización de la planta verde en Baja California y México.

La iniciativa da la posibilidad para que las instituciones médicas del Estado puedan dotar de tratamientos alternativos con marihuana y para regular el comercio y distribución en farmacias y hospitales privados, lo que abre un abanico de posibilidades para la legislación de la planta en más entidades y sienta un precedente nacional para incentivar el debate legislativo respecto de la marihuana.

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