Lo que hay detrás de la reforma

La reforma judicial promovida por el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, a principios del año, ha derivado en una crisis sociopolítica en Israel. Miles de ciudadanos salieron a las calles de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa a pronunciarse en contra de la subordinación de la Suprema Corte a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Los partidos de oposición como el Partido Laborista, al cual pertenece el Presidente Isaac Herzog, y el Yesh Atid, también abogan por la completa revocación de la propuesta. Los cambios judiciales han generado tal controversia que, el 27 de marzo, el gobierno llamó a una pausa legislativa para dar cabida al diálogo en el Congreso, (Knéset en Jerusalén). Por lo que, una cosa es clara, la transformación del sistema judicial no es bienvenida.

Primeramente, para entender la polémica de esta reforma, vale la pena explicar cómo es que está conformado el gobierno de Netanyahu para, entonces, saber realmente por qué el poder judicial es un objetivo para el régimen. Aunque no es la primera vez que el Primer Ministro ejerce el cargo, ésta es la tercera ocasión, la diferencia radica en la coalición que ha formado.

Está compuesta por partidos ultranacionalistas, al igual que ortodoxos, como Sionismo Religioso, Poder Judío, Noam, Shas, Judaísmo Unido de la Torá y, el gobernante, Likud. Todos con un mismo interés: la supremacía judía mediante la solución de un solo estado en el conflicto con el pueblo palestino.

Asimismo, las figuras políticas en el gabinete del Primer Ministro son clave para encaminar a Israel hacia su consolidación como el Estado judío esperado. Funcionarios como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, ministros de Seguridad y Finanzas respectivamente, son férreos creyentes del Israel destinado para los judíos.

Sus acciones van desde la creación de una “guardia nacional” que pelee en Cisjordania, hasta calificar al pueblo palestino como una invención del enemigo. Ambos reflejan la cohesión al interior del gobierno mediante una ideología compartida de derecha extrema. Ello deriva en la aprobación de leyes sectaristas, gracias a la mayoría con que esta coalición cuenta en el Knéset, por lo que dominar el poder judicial termina por establecer una nación sionista.

No obstante, se debe señalar que los opositores de Netanyahu no únicamente lo critican por el conservadurismo alrededor de su gobierno, sino por los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado desde su segundo mandato. El Primer Ministro ha negado las acusaciones, al mismo tiempo que critica a la Suprema Corte por supuesta persecución política y abuso de poder.

Las reformas, entonces, son imprescindibles para el dominio de la élite gobernante. De ahí que se quiera elegir jueces, ignorar consejeros legales, así como anular decisiones con la mayoría en el Knéset. La oposición ve esto como un asalto a todos los sistemas.

Como consecuencia, más de 200 mil israelíes han salido a las calles a exigir la independencia del poder judicial, así como la renuncia del Primer Ministro. Los ciudadanos afirman que el gobierno de Netanyahu ha sido, en buena medida, racista al igual que antidemocrático. El conservadurismo de este gobierno deja clara su agenda: anexión de Cisjordania, control perimetral de la Franja de Gaza, privilegio de los judíos en las clases sociales y acaparamiento de los poderes. El resultado de tal combinación es, entonces, el estallido civil.

Por esta razón, el gobierno llamó a una “pausa legislativa”. Si bien el Primer Ministro atribuyó a ésta su preocupación por una fractura en la sociedad, también se relaciona con el riesgo que corre su seguridad nacional, debido a que múltiples militares pausaron sus labores en oposición a la reforma.

Incluso Netanyahu tuvo que postergar la remoción del Ministro de Defensa, y opositor del proyecto legislativo, Yaov Gallant. Esto debido a que, en medio de una región caracterizada por conflictos ideológicos, la reforma puede esperar, la seguridad nacional no. Es claro, entonces, que no es conveniente una crisis social en este momento.

Finalmente, la postergación de la reforma dará paso a que las negociaciones entre la coalición y la oposición se profundicen en las sesiones parlamentarias del 30 de abril. Aunque es necesario señalar que se espera que esta pausa legislativa sea sólo para comprar tiempo, debido a que la coalición, además de contar con la mayoría en el Knéset, se ve empeñada a que el proyecto se apruebe de una forma u otra.

Mientras se llega a una decisión, algo es claro: el gobierno reconoce que el descontento social no puede dejarse de lado, por lo que debilitar al poder judicial no será fácil.

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