Los programas sociales

Los datos recientes de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto del INEGI de 2022 ofrecen evidencia robusta en favor de los programas de transferencias de efectivo a la población para reducir la desigualdad en términos de ingresos de la sociedad. En conjunto, los programas sociales son progresivos, ya que cuando se consideran como parte de los ingresos de las personas, los indicadores de desigualdad disminuyen. Eso sí significa un cambio de paradigma con respecto al pasado, cuando se consideraba que la política social era solamente un complemento, que pretendía corregir los fallos de la política económica y que atendía a un sector focalizado de la población, que por su condición era muy difícil integrarse al desarrollo económico. Ahora, la política social es amplia, de corte universalista, e incluye no solamente a las personas de los deciles más bajos de ingresos, sino también a personas que estudian, que presentan alguna discapacidad y a los adultos mayores. Incluso me parece que una parte de la discusión debe de moverse a que se consolide un ingreso mínimo para un sector amplio de la población, de ciertos ingresos, condiciones física y edad. Algo similar se ha puesto en operación en España como parte de la agenda de gobierno de la coalición de izquierda que gobierna.

En realidad, el contar con ingresos seguros permite que las personas tomen decisiones y realicen acciones que los benefician en el mediano y largo plazo, que fortalecen sus capacidades, como alimentarse mejor, utilizar medios de transporte más rápidos y seguros, estudiar y enviar a sus hijos e hijas a la escuela, ahorrar, invertir en su vivienda, adquirir medicamentos, etc. Eso, en el mediano plazo, también va a tener un impacto positivo en la productividad de las personas y, por tanto, en su capacidad de generar ingreso. La enorme mayoría de las personas no van a dejar de trabajar con razón de los programas, algunos sí, por ejemplo, porque sus condiciones físicas lo dificultan; pero para muchos los programas son, en realidad, una plataforma para poder adquirir capacidades que le ayuden a incrementar sus ingresos. 

La ampliación de los programas sociales y medidas como el incremento del salario mínimo muestran que en realidad perdimos por varios años la oportunidad de reducir la desigualdad en el país. En realidad, desde finales de los años 90s, cuando el país alcanzó una estabilidad macroeconómica envidiable, con un crecimiento discreto, existía es espacio fiscal y económico para crecer los programas sociales e impulsar el crecimiento de los ingresos del factor trabajo, como instrumentos como el salario mínimo y las restricciones a la practicas como el outsoursing. Los gobiernos de aquel entonces hicieron lo contrario, consolidando programas de transferencias, pero muy focalizados, y promoviendo la desregulación laboral. Sí fue un tema ideológico, que nos costó en no avanzar en reducir la desigualdad, el principal mal y origen de los grandes problemas de la sociedad mexicana. 

Ahora, los retos para el futuro también son claros en los datos. Se detectan algunos problemas que se refleja en el menor avance en los ingresos de las personas más pobres. Especialistas señalan dos causas, problemas de focalización por haber dejado a un lado el padrón de Progresa, que identificaba mejor a las comunidades de mayor pobreza, con respecto al actual; así como la modificación de algunos programas del propio Progresa, que no se eliminaron, pero si cambiaron las reglas, como otorgar recursos por familia, sin considerar el número de sus integrantes que requieren el apoyo. Eso se puede corregir.

El otro gran tema el incremento de la carencia de acceso a servicios de salud, que ha llevado a que crezca el gasto de bolsillo de las personas. Falta mayor inversión en servicios públicos, en educación y salud, que no se van a poder ofrecer solamente con la reorganización de los mismos, sino que requieren mayores inversiones. Eso va a requerir de mayores ingresos públicos, que deben de surgir de gravar mejor la propiedad y la renta de las personas, de mayores ingresos, para garantizar la sostenibilidad fiscal, pero también para reducir la desigualdad. Para ello, se necesita alcanzar mayor crecimiento, de aprovechar las oportunidades que hoy tiene el país para atraer inversión, de construir infraestructura y de capitalizar la formación profesional para poder ser aprovechada.

Finalmente, un tercer gran reto es avanzar en la formalización del empleo. Hoy nuestro país tiene una tasa de informalidad del 55% y en algunos estados, por ejemplo, Chiapas, la situación es crítica con tasas que superan el 70%. La informalidad priva del derecho a la seguridad social a millones de trabajadores, que carecen no sólo de acceso a servicios de salud sino también a sistemas de ahorro, de pensiones y otros derechos laborales. Los programas sociales hacen mucho protegiendo a la gente a través de ingresos complementarios pero una nueva política social deberá incorporar planes para formalizar el empleo y proteger a los trabajadores ante un mercado de trabajo muy dinámico, por ejemplo, con seguros de desempleo.

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