Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviara al Congreso una petición para trasladar de manera formal el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), diferentes sectores sociales han manifestado su preocupación y desacuerdo.
Actores políticos, organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales han calificado el traslado de la Guardia Nacional al Ejército como el inicio de la militarización en el territorio mexicano.
La opinión pública recuerda que, durante su campaña electoral, AMLO prometió que instaría a los militares a regresar a los cuarteles y abandonar las tareas de seguridad pública en el país. No obstante, este paso se ha quedado sólo en promesas porque el Ejecutivo continúa apostando firmemente en las fuerzas militares.
La Guardia Nacional se creó en con el enfoque de realizar tareas de seguridad pública, en reemplazo de la ya extinta Policía Federal, cuya estela se reflejaba en múltiples denuncias.
En la reforma constitucional que contribuyó a su creación, también se establecía el retiro de los militares de las calles, en 2024. Sin embargo, la propuesta de AMLO hoy en día es ampliar esta fecha hasta el 2028. Es precisamente este cambio de opinión repentino lo que, para organismos como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, representa una potencial militarización en México.
No obstante, el Presidente ha defendido este movimiento destacando que se trata de una estrategia crucial para continuar disminuyendo la violencia en el país. Además, aseveró que el objetivo de su propuesta no es militarizar o ir al autoritarismo. Destaca que es una forma efectiva de cuidar mediante la vigilancia de la Sedena el crecimiento sano de la principal institución de seguridad pública en México.
Una realidad notable son los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, al menos 35.000 homicidios se registran en México anualmente. Esto representa un aumento notable en los últimos 15 años. A esto también se suma las más de 100.000 personas en calificación de no localizadas o desaparecidas.
El objetivo de controlar mercados ilegales y territorios, ha llevado a diferentes actores y grupos a adoptar este tipo de herramientas negativas como una forma de enviar mensajes claros a la sociedad. Siendo esto lo que ha llevado a AMLO a tomar un rumbo diferente al prometido antes de convertirse en Presidente.
Para la opinión pública y expertos en diferentes áreas sociales, aplicar la misma estrategia una y otra vez esperando obtener resultados distintos representa el sinónimo de la insensatez.
Esta aseveración se debe a que no es la primera vez que se implican militares en funciones de seguridad pública. De hecho, ha sido la estrategia en México durante los últimos tres sexenios, siempre con resultados fallidos.
Aunque esta iniciativa se ha presentado en reiteradas ocasiones como una solución transitoria mientras se fortalecen las instituciones en materia de seguridad pública, se ha convertido en una propuesta continua de las autoridades gubernamentales, lo cual refleja, para muchos, la intención de militarizar el país.
Aunque la Sedena es una institución que enmarca su funcionamiento en el sentido de pertenencia, disciplina y doctrina, la naturaleza de sus operaciones está encaminada hacia la seguridad nacional y no a la seguridad pública.
El cumplimiento de su deber se enfoca en áreas específicas como la defensa de la soberanía, proteger instalaciones estratégicas, entre otros ámbitos para los cuales se prepara rigurosamente a los militares.
En ese sentido, su participación en tareas de seguridad pública puede resultar contraproducente en la sociedad, ya que no cuentan con las habilidades necesarias para las tareas de prevención social del delito, perspectiva de género, así como la garantía de los derechos humanos.
Adicionalmente, esto va en contra de las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como Amnistía Internacional (AI) han manifestado su rechazo categórico a la propuesta del Presidente de México. El fundamento de ambas organizaciones se centra en que esta iniciativa puede resultar el centro de mayor violencia en el país.
Además, destacan que este paso pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en el territorio mexicano. Desde Amnistía Internacional han destacado que la militarización de la seguridad pública en México ha tenido resultados “desastrosos” en los últimos 16 años.
Por ello, recomiendan al gobierno el desarrollo de un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles. Asimismo, han sugerido priorizar el fortalecimiento de las policías civiles y el diseño de políticas públicas de prevención, a fin de garantizar la seguridad pública.
Por otra parte, desde la CIDH han señalado en reiteradas ocasiones que los militares no deben intervenir en tareas de orden público. Destacan que su deber es apoyar a los funcionarios civiles y no reemplazarlos. Destacan que es necesario mantener una estricta fiscalización que garantice la rendición de cuentas.
El organismo internacional acentuó que se trata de un retroceso para la seguridad pública, de acuerdo con los derechos humanos. Destaca que la reforma no incluye ninguna disposición que garantice la supervisión de la Sedena.
Finalmente, aseguran que el plan de AMLO no cumple con las recomendaciones establecidas, por lo que consideran indispensable reconsiderar el proceso.