Luis Andrés Cano Silva
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencias Políticas
En los últimos años, el presupuesto participativo (PP) ha emergido como mecanismo innovador para fortalecer la democracia directa en México. A diferencia del modelo tradicional donde las decisiones presupuestales recaen exclusivamente en autoridades y técnicos, el PP busca involucrar a la ciudadanía en la asignación y fiscalización de recursos públicos.
La iniciativa del diputado Adrián González Naveda (PT), que propone reformar los artículos 35 y 73 de la Constitución, representa un avance significativo hacia la consolidación de este derecho.
El presupuesto participativo es un proceso mediante el cual la ciudadanía delibera y decide de manera directa o representativa cómo asignar una parte del presupuesto público. Este modelo, originado en Porto Alegre (Brasil) en 1989, ha sido adoptado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con resultados dispares.
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en México existen alrededor de 200 municipios que han implementado esquemas de PP, aunque con diferentes niveles de institucionalización y efectividad.
Los procesos de PP en México suelen incluir las siguientes etapas:
1. Asignación de recursos: Un porcentaje del presupuesto (generalmente entre **1% y 5%**) se destina a decisiones ciudadanas.
2. Asambleas comunitarias: Los ciudadanos presentan y priorizan proyectos (obras públicas, servicios, programas sociales).
3. Votación: Mediante consultas o urnas, se eligen las iniciativas a financiar.
4. Seguimiento y rendición de cuentas: La ciudadanía supervisa la ejecución de los proyectos.
- Falta de continuidad: Cambios de gobierno suelen interrumpir procesos.
- Baja participación: En muchos casos, menos del 10% de la población ejerce este derecho.
- Opacidad: Algunos gobiernos manipulan el proceso para beneficiar grupos afines.
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, 2022) señala que, cuando el PP está bien estructurado, puede:
- Reducir la corrupción al transparentar el gasto.
- Mejorar la eficiencia al priorizar necesidades reales.
- Fortalecer la confianza en las instituciones.
Un caso exitoso es el de Zacatecas, donde desde 2019 se destina 3% del presupuesto municipal a decisiones ciudadanas, logrando participación del 15% de la población y ejecutando obras como pavimentación y alumbrado público.
La iniciativa de González Naveda busca consagrar el PP como un derecho ciudadano, evitando que dependa de voluntades políticas. Si bien algunos estados ya lo regulan (como Oaxaca y Jalisco), una reforma federal garantizaría su aplicación en los tres niveles de gobierno.
El presupuesto participativo no es solo una herramienta de gestión, sino un acto de justicia democrática. Como señala el diputado, debemos abandonar la idea de que el presupuesto es solo tema de expertos: es asunto político y colectivo.
Para que funcione, se requiere:
Marco legal sólido(como la reforma propuesta).
Capacitación ciudadana (evitar clientelismo).
Transparencia obligatoria (plataformas de seguimiento).
México necesita una ciudadanía activa, no solo como espectadora, sino copartícipe en las decisiones que definen su desarrollo. El presupuesto participativo es un paso hacia ese futuro.
Fuentes consultadas:
- CIDE (2022). Presupuesto participativo en México: logros y desafíos.
- INAFED (2021). Guía de presupuesto participativo municipal.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Experiencias locales: Zacatecas, CDMX, Jalisco.
Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.