/ Pluralidad
- Mar 06, 2023
Qué hará la Suprema Corte de Justicia sobre el “Plan B”
Antonio Reyes Lozada / Subdirector de la Dirección Nacional de Selección e Ingreso
El pasado miércoles primero de marzo de 2023, el Senado aprobó el "Plan B" de la reforma electoral, dando cierre legislativo a la propuesta presidencial de modificar este sistema.
A finales del año pasado, se habían aprobado una serie de cambios a la ley, pero la segunda parte se retrasó debido a la cláusula de la "vida eterna", que generó controversia entre los partidos políticos. Esta disposición permitía el traspaso de votos entre partidos de una misma coalición.
Para avanzar con el proyecto, el Senado aprobó las leyes en las que había consenso y dejó ese artículo para ser debatido en posteriores discusiones legislativas. Lo aprobado esta semana, sumado a lo del año pasado, conforma una reforma que afecta de manera estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) y otorga más libertades a los funcionarios públicos para que intervengan en las campañas políticas.
Está reforma ha afectado al Instituto Nacional Electoral (INE) en términos económicos y de poder porque obliga al instituto a eliminar alrededor de 300 juntas distritales, que son responsables de preparar, organizar y celebrar elecciones y reemplazarlas por oficinas con una sola persona.
Además, se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales, lo que implica el recorte de 262 plazas. Estas instancias son responsables de garantizar los derechos a la identidad, la asociación política, la igualdad, la no discriminación, la secrecía del voto, la elección libre de representantes y gobernantes, la información y transparencia en las elecciones, la participación en condiciones de equidad y la justicia en materia electoral.
El INE ha señalado que eliminar a estos profesionales de la organización electoral en los 300 distritos y en las 32 entidades compromete el pleno respeto al sufragio que el actual modelo legal garantiza.
Estas modificaciones afectan directamente al padrón electoral y a la cartografía electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrón y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto. Además, la reducción de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas y la afectación a la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo, encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión, son otras de las afectaciones a la estructura del sistema electoral.
La disminución de las juntas también implica un recorte del 84% delServicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso, lo que se traduce en la eliminación de más de 1,500 puestos. El Tribunal Supremo se encuentra en una situación de urgencia, ya que las modificaciones a las leyes afectan directamente a los calendarios electorales de este año y de 2024, y suponen una profunda reforma institucional dentro del propio INE que implica la eliminación de áreas y grandes recortes de personal altamente capacitado.
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