Los legisladores de diversas fracciones parlamentarias aprobaron, el pasado 11 de abril de 2023, el dictamen que pretende reformar los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 439 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.
Para este punto, habría que hacer hincapié en que los diputados, por excelencia, son las personas encargadas de legislar, reformar o proponer leyes, por lo que, más allá de ver esta figura como un cargo público, se tendría que analizar y observar desde un punto de vista meramente material, ya que representar a miles o millones de mexicanos no puede ni debería de ser tomado como un experimento.
Estoy consciente de que cada día es más imperante la participación de las y los jóvenes en la vida política de México, sin embargo, antes de querer efectuar un cambio tan sustancial se tendría que evaluar por qué solamente 17% de los jóvenes (de entre 18 y 29 años) votó en las elecciones presidenciales de 2018, no obstante que abarca el 30% de la población. O bien, por qué cada vez más los jóvenes se alejan de los partidos políticos.
Más allá de pronunciar un discurso en donde los jóvenes fueran vistos como víctimas de la política y de los políticos, se tendría que haber enunciado uno en donde se hablara sobre el verdadero origen del problema. Si bien es cierto que el Estado no garantiza en su totalidad el acceso a la educación, aquello no debió de ser utilizado como uno de los argumentos principales para fundamentar el dictamen respectivo, si es que se buscaba legislar con base en los principios de congruencia y reciprocidad mencionados por más de un diputado.
Las líneas anteriores no quieren decir que se esté en contra de que a los jóvenes se les brinden mayores oportunidades para involucrarse en la toma de decisiones del país, porque si así fuere, resultaría contradictorio teniendo tan solo 25 años. Por el contrario, se podría comenzar con espacios donde las y los jóvenes puedan expresarse y ser escuchados, quizá, fomentando aún más la transparencia o bien, rindiendo cuentas.
Para impulsar la participación de los jóvenes y garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales se tienen muchísimas opciones, la diferencia está y estará en ponerlas en marcha.
En todo caso, es más aceptable que un ciudadano mexicano, a los 25 años, tenga la posibilidad de ser Secretario de Estado, puesto que además de contar con estudios universitarios -que a mi parecer es lo mínimo que los servidores públicos deberían de tener-, también habría mayor experiencia como persona, profesional y servidor público a fin de contrarrestar las problemáticas del porvenir mexicano.
Le tocará a la Cámara de Senadores efectuar un mayor análisis y estudio de la minuta enviada por la Cámara baja, no sin antes mencionar que todos los mexicanos tenemos derecho a gozar de buenos representantes que velen por los intereses de las familias, en virtud de que esto no se trata de los colores de los partidos políticos, sino de los colores de nuestra bandera.
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