Reforma Judicial: delirios y caprichos

"Cuentan que mandaste a quemar la ciudad de tu locura, cuentan que mandaste arrasar la ciudad de tu amargura y ver arder el horizonte, danzar toda una noche por ser tu voluntad"

No es ajeno a la esencia de los últimos meses de mandato de los titulares del Ejecutivo Federal en los Estados Unidos Mexicanos, alborotar el gallinero en un afán final –que pareciera motivado por una inseguridad sobre lo hecho (o no hecho) durante los seis años que se le dieron– de dejar huella, justificar su paso por cargo de tal importancia, o intentar ser relevante. Los últimos momentos de las presidencias mexicanas parecieran patadas de ahogado que quieren decir “hice algo,” “valí la pena,” “Historia: no me juzgues tan gacho”. Lo que vivimos en estos momentos no es la excepción.

Una presidencia marcada por dichos delirios de relevancia, desde proyectos inútiles, inservibles, anticuados y millonarios como un tren en una península que no hace nada por la conexión interna del país ni motiva el comercio, o el derroche de millones de pesos en la cancelación de un aeropuerto empezado para iniciar otro en un lugar de impráctico acceso, simplemente es una presidencia cínicamente acostumbrada a la persecución de caprichos personales e infantiles, tan infantiles como lo que esconde la inseguridad de tener que ser escuchado a diario sin tomar en cuenta ni a opositores ni al pueblo que tanto se dice querer ayudar. Cuando se ama el propio sonido de la voz, por más irritante que ésta sea, no hay manera de convencer a su titular que por más que parezca digna de una sirena todo lo que sale de ella son sinsentidos motivados por instintos primarios de un orgullo de lo más pueril. En ello no hay nada más lejano que el amor a la patria.

Parte de esos delirios es la Reforma Judicial, un capricho que pretende ser uno de los bastardos intelectuales del actual ejecutivo, uno de los legados informes que pretende perduren a su propio tránsito infame por el cargo más importante del país. Lo que esta reforma implica es lo siguiente: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.

En lo referente a la nueva integración de la Suprema Corte se busca reducir a 9 integrantes el número de ministros, a 12 años el periodo de su encargo, eliminar las salas y sesionar solamente en pleno, eliminar el haber de retiro vitalicio a presentes y futuros ministros, y ajustar la remuneración al tope máximo establecido por el presidente. Sobre esto lo que llama la atención es el constante de esta administración: el ataque político a las instituciones a través de reformas disfrazadas de combate a la corrupción. Reducción de integrantes, reducción de un salario que es proporcional a la esencia de la dificultad y responsabilidad del cargo, la eliminación de la especialización, son todas maquinaciones maquiavélicas que buscan debilitar al concentrar el poder; reducir el número de ministros y quitar salas por ejemplo no es nada sino materialmente reducir el campo de posibilidad de disentir, es concentrar la decisión en menos personas, es limitar la deliberación, es, en última instancia, una traición a la nación y sus instituciones vestida de amor. Y desde un punto de vista práctico, ¿se han preguntado qué pasará con la carga de trabajo al reducir las Salas a un Pleno? Bueno, esto no necesita mayor explicación que su sola mención.

Luego está el tema de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, una estupidez que realmente sorprende estar discutiendo; estupidez, porque no hay manera de llamarla de otra manera, pues es el calificativo que éticamente se merece. Se busca que en 2025 se realice un periodo de elección extraordinaria para elegir por votación popular a todos los cargos de ministros, magistrados y jueces de la nación. Las candidaturas de ministros de la SCJN y de los magistrados del Tribunal Electoral por ejemplo se harán desde candidaturas paritarias donde serán los tres Poderes de la Unión quienes las propondrán para elección popular. De igual manera, en el caso de los 1,688 magistrados de Circuito y jueces de distrito, serán también propuesta hechas por circuito, con candidaturas paritarias y hechas por los Poderes de la Unión, politizando inevitablemente a los tres Poderes a la par, perdiendo toda pretensión de imparcialidad, en especial en lo judicial. Se harán campañas, pero se prohíbe financiamiento público o privado limitándose a espacios en televisión y radio para foros de debate, los partidos políticos tendrán prohibido proselitismo a favor o en contra de las candidaturas, entre lo más relevante. Esto es gravísimo; los tintes dictatoriales que tienen estas reformas, de carácter histórico inclusive, porque esto no es nada nuevo bajo el sol, son tan descaradas que deberían de dar vergüenza. No por cierto para esta administración, que ha llevado su vergüenza como medalla de honor.

En inicio, la suplantación de una carrera judicial por requisitos que no son suficientes (edad mínima, años de antigüedad de abogado), para las candidaturas propuestas por los poderes de la unión es la suplantación del conocimiento, la especialización, la técnica jurídica, la capacidad y el mérito, por los caprichos del poder en el mando, que no puede caer mejor como anillo al dedo que para los virtuales ganadores en mayoría de todos los cargos de la nación. La bandeja para un totalitarismo está servida; y por más que suene exagerado, no lo resulta si se ve que una de las medidas propuestas es la prohibición del proselitismo de parte de partidos a favor o en contra de las candidaturas, ¿qué es eso sino censura, control, represión? Los partidos son la voz de las posiciones políticas de un país, independientes del mando actual que cuando no tienen individualmente el turno de gobernar, sirven para criticar, reprender, rebatir en busca de un equilibrio; si se le quita la capacidad de alzar la voz a aquellos que están institucionalizados para hacerlo, ¿qué podremos esperar en un futuro para nosotros, los individuos que hablamos de nuestro ancho pecho, desde las garras de la experiencia diaria, pero -y así es como el poder desdeña nuestras opiniones- sin legitimidad institucional ni gubernamental? Esperar menos que amenazas sería risible.

 Y finalmente, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, y la creación de nuevas reglas procesales, entre las que destacan la eliminación de la suspensión contra leyes con efectos generales en amparo, controversia y acción de inconstitucionalidad, o el establecimiento de plazos máximos para la resolución de casos (6 meses materia fiscal, 1 año materia penal), son más esfuerzos para debilitar el sistema mexicano. Cuando debilitas un sistema es más fácil moldearlo a tu querer y parecer, y no hay mejor manera de debilitarlo que cambiando los nombres y la estructura de una institución para que haga lo mismo, solo que organizada de manera diferente; esto es lo que implicaría sustituir al Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, serían lo mismo, pero organizado bajo los intereses del poder en el mando, y desgastando esfuerzos, energías y presupuesto en una renovación innecesaria: desvía la mirada de tus opositores a cosas banales mientras les clavas la daga en la espalda, y al mismo tiempo, confundiendo a tus gobernados; casi suena a algo que leerías en El Príncipe o Las 48 Leyes del Poder. El tema de la suspensión va dirigido a lo mismo, a la concentración del poder, y ¿qué atenta más contra el poder absoluto que los derechos humanos? ¿y cuál es la herramienta más poderosa de esos mecanismos de control constitucional? La suspensión. Fácil: si no puedes eliminar la suspensión, limítala. Y finalmente, respecto a la reducción de los plazos de resolución en materia fiscal y penal, habría que decir primeramente que sí es cierto que los casos duran demasiado y la justicia parece en ocasiones más una lucha de por vida que una lucha por la vida de la justicia, pero reducir por ley los plazos solamente asegura más injusticia; la solución es más y mejores jueces, no menos tiempo. En palabras de Francesco Carnelutti: “La justicia, si es segura, no es rápida; y si es rápida, no es segura.”

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.

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