Tamaño del Estado mexicano: ¿más grande y capaz, o más gordo y costoso?

La capacidad gubernamental es uno de los componentes más importantes dentro de la Administración Pública. Los gobiernos son considerados irremplazables porque llevan a cabo las funciones básicas para el funcionamiento de una sociedad: establecen y mantienen cuerpos de seguridad (policía y ejército), sus integrantes llevan a cabo funciones administrativas y de regulación, planean e implementan proyectos y obra pública, al igual que se encargan de la existencia de los cuerpos de emergencia (bomberos, rescatistas, etc.) ante las grandes emergencias.

A pesar de que parece haber un consenso prácticamente total sobre la necesidad de que el gobierno lleve a cabo estas tareas, desde la antigüedad se ha debatido sobre cuánto debe abarcar el Estado. ¿Basta con que el gobierno se dedique a cubrir estas tareas básicas? ¿O será recomendable que el Estado expanda sus funciones a otras áreas, como política social (creación de programas sociales), compensación ante desastres naturales y dotación de alivio ante las crisis económicas? Para contestar esta pregunta para el caso mexicano, valdría la pena revisar la teoría detrás de los gobiernos y pensar en sus posibles implicaciones. 

El tema sobre el papel y objetivo del Estado ha sido debatido por un sinnúmero de filósofos durante los siglos (Platón, [375 A.C.] 1943; Agustín de Hipona, [426] 2016; Hobbes, [1651] 2017; Bentham, [1789] 2017), por lo que no es realista afirmar que existe un consenso definitivo sobre qué se espera de esta unidad política. Sin embargo, la mayoría de los pensadores, al igual que la historia documentada, han resaltado un patrón general: los gobiernos surgen para coordinar a un gran número de individuos a lograr objetivos que no serían posibles si se asignaran mediante preferencias individuales. En otras palabras, los gobiernos existen porque estas organizaciones pueden llevar a cabo acciones que benefician a toda una población. 

A partir de esta premisa, surgen dos modelos generales del papel del Estado: el Estado Gendarme y el Estado de Bienestar. El Estado Gendarme funciona a partir de una premisa individualista: el gobierno debe intervenir los menos posible en los asuntos privados de sus habitantes. En este sentido, los partidarios de esta postura argumentan que el gobierno tiene un papel vital en la sociedad al proveer bienes y servicios que serían inalcanzables sin su existencia: crear, entrenar y mantener fuerzas de seguridad que puedan garantizar el apego a la ley, pagar el salario de los funcionarios encargados de llevar a cabo regulación y leyes, al igual que tener fondos para algunos proyectos de obra pública o para responder ante emergencias. 

Sin embargo, argumentan que las autoridades no deben intervenir en otros asuntos, pues expandir sus funciones requiere de más recursos, tanto para aumentar el tamaño del gobierno (i.e. pagar a más funcionarios encargados de las actividades) al igual que para lograr estos fines (i.e. cubrir los costos de proveer atención médica gratuita). Puesto que la forma principal por la cual los gobiernos obtienen recursos es mediante impuestos, los defensores de esta vertiente argumentan que prefieren renunciar a los bienes públicos adicionales a cambio de no ser tasados de más. 

El Estado de Bienestar, por su parte, argumenta que el papel del gobierno debe ser más expansivo: no basta con garantizar seguridad, funciones de regulación básicas y fondos de emergencia, sino que las autoridades electas tienen la responsabilidad de resolver, en la mayor medida posible, los problemas que enfrenta la ciudadanía. 

En este sentido, sus partidarios argumentan que hay muchos otros bienes públicos altamente deseables para la sociedad: programas sociales para ayudar a los integrantes vulnerables de la sociedad (adultos mayores, madres solteras, discapacitados, etc.), atención médica gratuita y fondos de alivio económico para los habitantes durante crisis económicas. Esta vertiente argumenta que vale la pena que se pague más impuestos para expandir el tamaño del Estado, y usualmente proponen que la mayor parte de estos impuestos caigan sobre los habitantes más pudientes del país; una estrategia para mitigar esta nueva y mayor carga impositiva. 

A partir de estas posturas, podemos pensar que en México se necesita encontrar un punto medio entre los extremos. Quizás haya algunos bienes públicos de alto valor que valga la pena que el Estado otorgue, como pensiones para los adultos mayores o servicios médicos gratuitos, a cambio de mayores impuestos. Sin embargo, el problema crítico es que, por décadas, las autoridades no han logrado garantizar la seguridad de la población; la justificación misma de tener un gobierno. Antes de pensar en otros bienes, valdría la pena concentrar los recursos hacia este objetivo. 

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora. 

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