La alimentación es un asunto de seguridad nacional. Es una necesidad básica. Por ello, la autoridad estatal y federal deben asegurar una oferta suficiente y adecuada de alimentos para la población.
Podemos hablar de que cada administración entrante presenta su programa alimentario, pero, por más cambios que hagan, ninguna ha podido diseñar un programa alimentario integral que atienda esa necesidad esencial de la sociedad.
El hecho de que exista hambre no quiere decir que no haya alimentos. Existe hambre porque la gente no tiene suficientes recursos para comprar alimentos. Es ahí donde surge una pregunta muy relevante: ¿Por qué son tan caros los productos básicos si somos un país productor?
Es importante decir que México es el décimo país productor de alimentos en el mundo, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, pero no se tienen políticas públicas adecuadas para erradicar el hambre y la desnutrición en el país.
Uno de los motivos es el abandono de lo agrario porque se destina el presupuesto a otras acciones y “no se ha considerado a la alimentación como una razón de Estado”, cuando el abasto y la suficiencia alimentaria lo deberían ser.
Es imprescindible mencionar que desde que se dio apertura a la política comercial y económica hace 40 años, de país productor pasamos a ser exportador de materias primas colocando a México en una posición cada vez más subalterna.
Los procesos de privatización y mercantilización extendieron la tradicional estructura de empresas y servicios públicos. Así, mientras el primer momento de globalización neoliberal durante los 90 estuvo signado por las privatizaciones y el ajuste fiscal, nos volvió un país exportador que apuntó a consolidar aún más las brechas entre países en base al saqueo de recursos y, a la par, la contaminación irreversible, la extensión del monocultivo y, por ende, la pérdida de biodiversidad.
Estas condiciones de acceso a los recursos que sólo se volvió un privilegio, complicó que el verdadero campesinado se involucrara en la producción que desde siempre nos representó y perteneció.
La colonización moderna economiza los ámbitos sociales, es decir, los convierte en bienes económicos, en mercancías, sujetándolos a un régimen de propiedad pública o privada y a sus correspondientes normas.
Lo anterior incide directamente en los derechos de los agricultores a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas, ya que existe una tendencia cada vez más acuciante a que el agricultor pierda el control sobre el primer eslabón de la cadena alimentaria, la semilla.
Esto genera una fuerte dependencia de las empresas transnacionales, situación que se refuerza con la tendencia de las legislaciones a obligar a los agricultores a utilizar semillas registradas.
El caso de México se vuelve sumamente interesante para analizar el proceso anteriormente mencionado, ya que es considerado una de las naciones megadiversas, en tanto se trata de uno de los diez Estados con mayor riqueza biológica y centro de origen de diversos cultivos, entre ellos el maíz. De esta manera, lo que está en juego en el país son las semillas fundamentales para la base alimentaria.
Hacia fines de las años sesenta, comenzó una constante expansión de la industria privada, tanto nacional como extranjera, en la producción y comercialización de semillas mejoradas. Esta tendencia, que no paró de acrecentarse, fue desplazando paulatinamente al Estado como participante principal de este rubro.
Así, y luego de varias décadas de protección del mercado interno, comenzó en México la liberalización comercial de los productos agrícolas que tuvieron su momento cúspide con la entrada al GATT, en 1986, y la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
A partir de entonces inició un acelerado proceso de retiro del Estado de las funciones vinculadas a las semillas previamente analizadas. Así, entre 1982 y 1994, el gobierno mexicano realizó cambios estructurales en sus políticas orientadas al campo que se evidenciaron en la eliminación de subsidios a la producción agropecuaria, el retiro de CONASUPRO del monopolio en la importación de granos y una disminución en el acopio y el inicio del proceso que llevara, años más tarde, a la desaparición del PRONASE.
De esta manera, las políticas económicas que se implementaron modificaron por completo los mecanismos de funcionamiento de la base productiva de campesinos e indígenas, afectados tanto por el retiro de los apoyos productivos y de comercialización, como a través de los cambios efectuados en el marco jurídico. Entre ellos, las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria, que eliminaron el reparto agrario e hicieron posible la venta de tierras ejidales y comunales de propiedad social.
Todo esto lleva a que por el interés de negocios personales y preferir comerciar, ser serviles al comercio extranjero, se descuidó al campo que tanto nos representa. No se pensó en tener autosuficiencia alimentaria. Se dio prioridad a los negocios de los privados y el campo se volvió para unos cuantos y no para los muchos.
Se prefirió exportar y se olvidó abastecer a los nuestros. Ahora que todo sube de precio tendríamos que ser un país con productos más baratos.
En fin, México con todas sus regiones y recursos no piensa en políticas alimentarias, piensa en políticas sumamente electoreras. Una de las dependencias dedicadas a una alimentación barata y accesible para los mexicanos con mayor necesidad, siempre ha estado en el reflector por tantos actos de corrupción, el abandono al sistema agrario , el olvido a los campesinos con programas electorales y no para su crecimiento, lleva estos problemas y hoy en día ningún legislador o gobernante habla del tema.