Un Poder Judicial más cercano a la población

El pasado 25 de noviembre se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024 que incluye recortes de gran magnitud sobre los recursos asignados a diversos entes públicos que gozan de autonomía.1 Tal es el caso de la disminución de 6 mil 454 millones de pesos sobre el presupuesto del Poder Judicial, en comparación con el proyecto que fue presentado originalmente.2 A esto se suma la reforma legal publicada el 27 de octubre de 2023 que ordena extinguir los fideicomisos públicos de dicho Poder federal y transferir sus recursos, por un monto superior a 15 mil millones de pesos, a la Tesorería de la Federación.3 Simultáneamente, surgen voces que desde el proceso electoral en curso plantean como propuesta de campaña una reforma judicial que busca cambiar drásticamente la configuración de dicho Poder en nuestro país, incluyendo la elección, por medio del voto popular, de jueces, magistrados y ministros.4

En el fondo la coyuntura actual constituye un intento de injerencia de parte del Ejecutivo y el Legislativo, de manera coordinada, sobre el Poder Judicial. No es ni la primera ni la última vez que esto pasa; lamentablemente es parte de la historia política de México.5 Así, el Ejecutivo ha incidido en el Judicial en reiteradas ocasiones afectando sus recursos e impulsando reformas, siempre calificadas por sus promotores de históricas y necesarias, llegando inclusive a terminar anticipadamente el periodo del cargo de ministras y ministros. Por otra parte, la legitimidad de los órganos en cuestión se convierte en su protección frente a injerencias por parte de poderes externos. Por ello, es importante invertir recursos públicos para que la ciudadanía conozca sus instituciones y pueda distinguir la actuación de un Poder o de otro.

La encuesta publicada anualmente por Corporación Latinobarómetro muestra que la confianza en el Poder Judicial se encuentra en su nivel más alto desde el año 2008.6 Igualmente, dicho reporte establece que 49.9% de los encuestados en México está de acuerdo en que el Poder Judicial debe ser independiente del Ejecutivo, en tanto 12.8% está muy de acuerdo, 24.2% está en desacuerdo y 5.4% está muy en desacuerdo con dicha afirmación.

Es decir que, conforme a dicho estudio, actualmente el Poder Judicial en México goza de buenos niveles de confianza ciudadana, siendo que la población mayoritariamente valora su independencia. Sin embargo, dicho diagnóstico no es indicativo del conocimiento de sus funciones, ni mucho menos del diseño institucional que resulta más conveniente para garantizar el orden democráctico.

Difícilmente se podría asumir que la población conoce la estructura y atribuciones del Poder Judicial, cuántas personas integran el órgano que lo encabeza, quiénes son, cuál es su trayectoria y cuál es su postura, plasmada en sus resoluciones, respecto de los temas de mayor relevancia en nuestro país.

El Poder Judicial, bajo el liderazgo de la Suprema Corte, debe tomar como prioridad el acercase más a la población. Asignando recursos para estos efectos y enfocando sus esfuerzos en una comunicación cuya amplitud trascienda más allá del mundo jurídico y llegue a toda la ciudadanía. El Poder Judicial hace mucho por todas y todos, por la construcción de la paz en nuestra sociedad, por la reducción de la inequidad social, por el combate a la injusticia, por la consolidación de nuestro desarrollo como nación, pero, sobre todo, por la garantía de nuestros derechos.

Sin embargo, mucho de este trabajo no es palpable por la población porque el impacto se da en el caso concreto, el beneficio agregado no se percibe de manera inmediata y no se identifica claramente cuál es el ente público agente de cambio. En México rara vez forma parte del debate público cotidiano la labor jurisdiccional. En otros países se ve con frecuencia a multitudes apostadas en las puertas de sus cortes realizando manifestaciones sociales y protestas, formulando exigencias e igualmente festejando o reprobando algunos de sus fallos históricos.

Es momento de que el Poder Judicial, liderado por la Suprema Corte, abra sus puertas y extienda su mensaje a toda la población de manera activa y constante. Ya que, aunque no es parte de su naturaleza atraer la simpatía de los justiciables, sí puede buscar que el público en general conozca sus decisiones y juzgue por sí mismo. La legitimidad de los órganos judiciales proviene de sus sentencias y de las razones que las integran, pero ello tiene que ser transmitido de manera que genere interés en toda la población y no solo en quienes ejercen la profesión jurídica.

El Poder Judicial debe cuidarse a sí mismo, no solo actuando con estricto apego a la legalidad, salvaguardando el Estado de Derecho y garantizando los derechos de los habitantes, con transparencia y rendición de cuentas, sino también dando a conocer de manera efectiva su labor mediante campañas publicitarias más eficaces en medios de comunicación y redes sociales, así como mostrándose más accesible y cercano a la ciudadanía.

Esto podría empezar por adoptar un pleno modelo de datos abiertos, sin dejar de proteger la privacidad y los datos personales de los justiciables. Asimismo, se podría impulsar un programa para atraer visitas a la Suprema Corte, a las Casas de la Cultura Jurídica que se ubican en diversas ciudades del país, así como a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.

Esto requiere un esfuerzo extraordinario, ahora además con recursos limitados, lo que conlleva tener que hacer más con menos. Sin embargo, el Poder Judicial debe actuar cuanto antes al respecto. Ya que la población cuidará al Poder Judicial cuando lo vea como un protector de sus derechos. En tanto, las y los actores políticos que tienen muy claras las preferencias de sus electores, valorarán cuidadosamente cualquier actuación que incida indebidamente sobre el Poder Judicial y respetarán su autonomía.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.

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