La metamorfosis: Guardia Nacional, seguridad pública, militarización

La inseguridad pública es el problema principal de México y la búsqueda de soluciones no cesa.

En 2019 el Poder Legislativo aprobó reformas constitucionales. Establecieron la creación de la Guardia Nacional, con carácter y mando civil. Regularon la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, con fecha de caducidad: solo hasta marzo de 2024. Luego, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea deberían abandonar las calles y regresar a sus cuarteles y bases. Por unanimidad se logró este histórico paradigma.

Sin embargo, tres años después el modelo cambió. Se busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas, de 2024 a 2028. Y la Guardia Nacional quedó bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los capítulos principales de la metamorfosis en materia de seguridad pública son los siguientes:

Primer capítulo, un nuevo paradigma

Tras parlamentos abiertos, en febrero de 2019, por unanimidad (solamente hubo un voto en contra, de la legisladora independiente Ana Lucía Riojas), todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76,78 y 89 de la Constitución (DOF 26 de marzo).

Se avaló la creación de la Guardia Nacional. La Carta Magna mandata que es de carácter civil, disciplinada y profesional. Con su propia estructura orgánica y organizacional.

En el nuevo canon, punto relevante es el artículo quinto transitorio de la Constitución:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Segundo capítulo, Guardia Nacional bajo control de la Sedena

El 2 de septiembre de 2021, por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y seguridad pública.

El objetivo es que la Guardia Nacional (adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) quedara bajo control operativo y administrativo de la Sedena.

Argumentos para esta transferencia:

1. Superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos, frente a lo apremiante que resulta abordar los desafíos que plantea la violencia criminal.
2. La complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
3. El crimen organizado en México se ha convertido en una fuerza "cuasi militar" que usa la violencia en contra de la población y las instituciones públicas. Son grupos poderosos y representan intereses arraigados.

Esta reforma a la legislación secundaria que trasladó la Guardia Nacional a la estructura del Ejército también fue avalada por el Senado de la República.

Tercer capítulo: el Ejército en las calles hasta 2028

El 14 de septiembre, con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, las y los diputados aprobaron ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El debate se dio a partir de una iniciativa presentada por la legisladora Yolanda de la Torre (PRI).

Los expertos advirtieron: cuando una institución de seguridad pública tiene un enfoque militar se privilegia el uso de la fuerza letal, lo cual va en contra de una política donde los derechos humanos se ubiquen en el centro.

La reforma modificó el párrafo primero y adicionó los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional (DOF  26 de marzo de 2019) que permitía la participación del Ejército y la Marina solo hasta 2024. El cambio amplió de 5 a 9 años la presencia de los militares en las calles.
 Se estableció que la participación de los militares en tareas de seguridad pública deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a las garantías de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Se aprobó integrar una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio de la Constitución.

Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil en estados y municipios.

Ruta legislativa de la reforma al marco jurídico de las Fuerzas Armadas

Con 87 votos a favor, las y los senadores del PRI, PRD, PT, PES, PVEM y Morena avalaron prolongar cuatro años más (de 2024 a 2028) que el Ejército esté en las calles.

Solamente hubo 40 votos en contra: los del Grupo Parlamentario del PAN; Movimiento Ciudadano; el Grupo Plural; de los priistas Miguel Ángel Osorio Chong (coordinador de la bancada tricolor), Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes; del PRD, Juan Manuel Fócil.

El dictamen validado tiene como raíz la iniciativa presentada, en la Cámara de Diputados, por la legisladora Yolanda de la Torre (PRI) para ampliar la presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública.
Sin embargo, las y los senadores enriquecieron la iniciativa original. Se incluyeron cambios, como el fortalecimiento de policías estatales y municipales, gracias a un fondo que operará desde 2023.
Asimismo, en el marco jurídico quedó establecido que será excepcional la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El dictamen aprobado por el Senado de la República regresa a la Cámara de Diputados (legisladora de origen) debido a los cambios que sufrió. Entre los puntos a destacar:

1. Se establecen mecanismos parlamentarios de control a la actuación de las Fuerzas Armadas.
2. El Senado evaluará la labor de los militares en la seguridad pública.
3. La participación de los militares en la seguridad pública será temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
4. Tras el plazo, los militares asumirán las tareas que fija el artículo 21 de la Constitución.
5. Se creará un fondo permanente, con dinero federal y estatal, para fortalecer a policías de los estados y municipios para que profesionalicen sus corporaciones. Un 25 por ciento de estos recursos se destinarían a las entidades con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
6. La Fuerza Armada permanente deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de la Constitución para las tareas de seguridad pública.
7. En el primer semestre de 2023 y hasta 2028, se integrará una Comisión Bicameral, que citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina.
8. La Comisión Bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se mandarán al Ejecutivo Federal.

El proyecto original (iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre (PRI) aprobado por la Cámara de Diputados solamente reformaba el artículo quinto transitorio constitucional para establecer que, durante los nueve años siguientes, en lugar de cinco, a la creación de la Guardia Nacional, el presidente de la República podría disponer de la Fuerzas Armadas.

Prolongan hasta 2028 permanencia de Fuerzas Armadas en seguridad pública

El 12 de octubre, por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma disposiciones de la Constitución, en materia de Guardia Nacional. Así, se avaló prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La presencia de los militares en las calles finalizaría en 2024 (Diario Oficial de la Federación 2019). Sin embargo, la nueva reforma constitucional extiende la participación del Ejército hasta 2028. Para su aprobación era necesaria la mayoría calificada, que se logró con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones.

Este proyecto de decreto aprobado por las y los diputados, ya se remitió a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional.
La nueva reforma a la Carta Magna establece que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del nuevo decreto, el presidente de la República dispondrá de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Puntos principales:

1. La participación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria. Acreditará la absoluta necesidad que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil.
2. Será regulada. Cumplirá con estricto apego al orden jurídico (previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales).
3. Fiscalizada. Con constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas.
4. Subordinada y complementaria. Las labores de apoyo que presten a las instituciones de seguridad pública solamente puedan realizarse en su auxilio o complemento, y que se encuentren fundadas y motivadas.
5. Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deberán capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.
6. El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral, proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
7. Habrá una Comisión Bicameral. Convocará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. Remitirá a cada una de las cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación.
8. A partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
   
   
   

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