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Concluye Parlamento Abierto para la Reforma Electoral


Juventina Bahena

El 25 de agosto concluyó el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Legisladoras y legisladores, expertos y funcionarios dialogaron respecto de la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los tribunales locales.

Durante un mes se realizaron 26 foros en los que participaron 137 ponentes en alrededor de 57 horas de trabajo. Aportaron información sobre el sistema electoral que servirá para el análisis que las y los legisladores realicen en torno de las 42 iniciativas que se han presentado en la materia.
Respecto de este tema, la presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), señaló que se defiende a los OPLES, pero “no escuchamos autocríticas; la democracia no la construyen los organismos y menos sus representantes”. Inquirió si es posible desaparecer gradualmente los OPLES y los tribunales locales en función de su desempeño y carga de trabajo y, en su caso, instaurar procesos temporales administrativos y jurisdiccionales.

En el foro 19, celebrado el 22 de agosto, se analizó el Sistema de Fiscalización de las Campañas Electorales en un Sistema de Elección Basado en Listas.

El foro 21, desarrollado el 23 de agosto, el tema fue “Topes de gastos de campaña en un sistema electoral basado en listas”. Y en el foro 17, del 23 de agosto, se habló de la Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Durante el Foro 19-A se planteó una Legislación Electoral Única. Fueron analizadas las líneas temáticas más importantes de la reforma política-electoral, relativas a la unificación de las autoridades electorales y administrativas, su jurisdicción y extinción de los Organismos Públicos Locales, así como de los tribunales electorales de las entidades federativas.

La diputada Graciela Sánchez Ortiz sostuvo que este tema implica un nuevo diseño institucional electoral e integral de la normatividad vigente, lo cual tiene el gran reto de conseguir estructuras estables, monitoreo institucional, certidumbre, capacidad y decisión acordes con las necesidades y calidad democrática de nuestro país.

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