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Convencionalidad, a debate


Luz María Mondragón

En México, un parteaguas es la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. El nuevo paradigma cambió el sistema jurídico al incorporar los tratados internacionales. El Estado asumió responsabilidades, compromisos y obligaciones supranacionales.

La esencia del paradigma de 2011 está en el Artículo 1º constitucional, estableciendo que las normas relativas a éstos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.
Sin embargo, doce años después sigue la polémica en torno de la supremacía de la Constitución o de los tratados internacionales.

Al final de los conversatorios públicos llamados “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial”, promovidos por el Grupo Parlamentario de Morena, se dieron a conocer las conclusiones. En el punto “Soberanía de la justicia mexicana”, se reflexionó sobre la convencionalidad.

Las y los ponentes manifestaron posturas encontradas en torno a los efectos y consecuencias que deben tener los Tratados Internacionales en la administración de la justicia mexicana.

Por un lado, se expuso que las normas convencionales e incluso los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como parte del derecho interno deben aplicarse incluso por sobre las normas constitucionales.

Otro grupo de ponentes sostuvo que las normas constitucionales federales constituyen el criterio de referencia supremo para resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, más allá de lo que se establezca en el derecho convencional.

Por otra parte, las relatorías y conclusiones de estos conversatorios públicos realizados desde mayo hasta julio, fueron entregadas a representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) afirmó que con las conclusiones de los conversatorios sobre la transformación al Poder Judicial se intentará plantear una reforma judicial integral en un próximo periodo ordinario de sesiones.

En la segunda quincena de julio o en agosto se harán reuniones para discutir la construcción de una reforma al Poder Judicial, porque una de las propuestas de otros grupos parlamentarios es que los conversatorios se hagan como un Parlamento Abierto, a fin de que se escuche la voz de todos los sectores sociales.


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