Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace cinco años debió haberse actualizado el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, además de homologar criterios locales con los de la Federación, pero lo ideal sería sustituir los códigos estatales por uno nacional, sin agraviar la soberanía de los estados, plantea la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT), quien se refiere al avance de los trabajos que se realizan para dar cumplimiento al mandato de la Corte.
Para la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se creó el grupo de trabajo de Justicia Cotidiana, coordinado por la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, con el propósito de realizar un análisis previo de las diversas legislaciones estatales en materia civil y familiar; localizar coincidencias y diferencias; identificar los códigos exitosos y tomarlos de referencia para expedir el nuevo texto normativo.
Lo primero, dice la diputada Bernal, es elaborar el diagnóstico y revisar los estudios de derecho comparado, luego de que iniciaran los foros en el Senado de la República con la asistencia de juristas, especialistas de la Barra de Abogados e interesados en externar su opinión respecto de las propuestas que se han planteado. En la Cámara de Diputados harán lo propio mediante parlamento abierto.
La diputada, secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de las de Seguridad Ciudadana y Puntos Constitucionales, explica que el mandato de la Corte es actualizar conceptos obsoletos que ya no aplican y avanzar en la ruta de los derechos progresivos.
“De hecho, hemos denominado a este análisis Justicia Cotidiana, que implica actualizar figuras jurídicas para resolver temas comunes de la sociedad, como puede ser un acta de nacimiento, la disolución de un vínculo matrimonial, una pensión alimenticia, un juicio entre terceros, temas que tienen que ver con los bienes y el patrimonio de los ciudadanos, sin tocar asuntos penales, solamente aspectos civiles y familiares”.
¿Cuál es la ruta que están siguiendo para actualizar criterios?
—Se toman como ejemplo los códigos de algunos estados, de algunas figuras jurídicas que les han funcionado y que pudiéramos incorporar en el Código Nacional. Lo ideal sería, con mucho respeto a la soberanía de los estados, que hubiera un código para todo el país, porque en México, no sé si por fortuna o por desgracia, tenemos mucha legislación y es muy poca su aplicación. De nada sirve tener muchas leyes si no aplican. Deberíamos ser más concisos, más específicos, cuidar su aplicación. Suele suceder que de un estado a otro se pueden encontrar criterios, conceptos, definiciones, completamente diferentes, incluso de los temas más sencillos. Soy de la idea de redactar un cuerpo normativo para todo el país.
Con el tema de la soberanía, cada uno de los estados tiene su propia Constitución, de donde emanan leyes secundarias que se elaboran acordes con una realidad distinta a la de otra entidad y sus leyes están muy adecuadas en sus códigos civiles y de procedimientos familiares de acuerdo con su necesidad, a su sociedad.
¿Hay disposiciones de un estado que en un momento dado llegan a chocar con los de la Federación?
—Dependiendo la materia, porque en temas jurídicos tenemos el fuero común, donde se regulan los temas locales y, en materia federal, al código nacional, y cuando llegan a chocar se interponen juicios de amparo, controversias y demás. En muchas ocasiones, un código puede no prever una situación en un estado y entra de manera supletoria el Código Civil o el Familiar; cuando hay una especie de laguna legal.
Se me viene a la mente el juicio político al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando el Congreso del estado declaró improcedente su desafuero aprobado por el Congreso federal y finalmente la Corte desechó la controversia emprendida por el local contra la decisión del federal.
—Ahí hubo una colisión de leyes al entrar en conflicto la autonomía y soberanía que tienen los estados ante un poder federal. Su soberanía emana de nuestra Constitución y porque encima de ella ninguna otra ley; por eso es que tienen su propia Constitución y de ella emanan leyes en materia penal, civil o administrativa. Lo que pasó es que las leyes locales lo protegieron.
En esta controversia, la Corte validó la decisión del estado, aunque la procedencia del desafuero hubiese emanado de una ley jerárquicamente superior, pues el estado goza de una autonomía que la Constitución le garantiza para que cuente con su propia Constitución, su propia forma de gobierno.
¿Dada la soberanía de los estados, tendrá que conciliarse con ellos para que estén de acuerdo en homologar?
—Lo ideal sería que pudiera haber un solo código a nivel nacional; el paso siguiente sería homologar los cuerpos jurídicos locales. Algunas leyes locales son iguales a las federales, solo cambian algunos términos de acuerdo a su realidad, pero lo ideal es homologar, armonizar. Solo se hace la recomendación, no se les puede obligar, pero si no se elabora un solo cuerpo jurídico, que se homologuen algunos criterios y que los congresos locales hagan esa armonización.
Esto vendría a revolucionar todo el trabajo legislativo del país.
—Claro que sí. De hecho, este código tiene una relevancia que todavía no hemos alcanzado a aquilatar, que todavía no dimensionamos su grado de importancia hasta que veamos el cuerpo jurídico terminado, pero en este momento es prematuro afirmarlo, aun no es un hecho.
La ex regidora de Zitácuaro y ex diputada del congreso michoacano refiere que han acelerado los trabajos, pero resalta la importancia del diagnóstico, la revisión del derecho comparado, el comparativo de las figuras jurídicas que se podrían incorporar en el código nacional para enriquecerlo y que actualmente sirven de ejemplo en otros estados. Incluso, dice, hay estados que tienen más evolucionadas sus leyes que el código nacional. “Estamos tomando lo mejor y generando figuras nuevas que no puedo mencionar porque todavía no hay nada definitivo”.
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