La desaparición forzada pasó de una práctica de Estado a la delincuencia organizada

En los años sesenta y setenta del siglo pasado surgieron diversos grupos guerrilleros en distintos puntos del país, tanto en zonas rurales de Guerrero, como en las grandes ciudades: Monterrey, Guadalajara y la de México. El Estado los enfrentó con prácticas ilegales como la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la detención de familiares de guerrilleros y la desaparición forzada. A este oscuro pasaje de la historia se le denomina Guerra Sucia y en el que la desaparición forzada a manos de las instituciones del Estado fue práctica cotidiana.

El primer caso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este delito fue el Radilla Pacheco vs. México. Rosendo Radilla Pacheco era un campesino dedicado al cultivo y venta de café, pero principalmente fue un activista social. Rosendo participó en la organización del Congreso Campesino en Atoyac con la Liga Agraria del Sur “Emiliano Zapata”. Promovió la autonomía colectiva y cuestionó la tenencia y reparto de la tierra.
El 25 de agosto de 1974 fue desaparecido por los militares. Eran los tiempos de la Guerra Sucia. Rosendo viajaba en autobús con su hijo, desde Chilpancingo hacia Atoyac. Un retén militar detuvo el camión entre Cacalutla y Alcholoa. Uno de los militares lo identificó y le impidió continuar su viaje. Cuando Rosendo preguntó de qué se le acusaba, los militares le respondieron “de componer corridos a Lucio Cabañas”. Se lo llevaron preso al ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez. Ahí fue visto por última vez. Víctima de desaparición forzada, nada se sabe de su paradero.

Familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y se sancionara a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar. No hubo mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Fue hasta marzo de 2001 cuando el asunto fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de abril de 2002 se firmó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El 23 de noviembre de 2009 el organismo emitió una sentencia en la que el Estado mexicano fue hallado responsable de la violación a los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Además, señaló que el proceso ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales en materia de debido proceso.

Esta fue la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, que además impactó el sistema jurídico en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en 2011, e impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual define este delito como:

Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Artículo 13. Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de esta Ley.

La ley se refiere específicamente a la responsabilidad de servidores públicos y particulares en la comisión de este delito. Para el caso de niñas, niños y adolescentes, la ley indica:

Artículo 7. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Sin embargo, la situación y las condiciones políticas y sociales en México han ido cambiando. La desaparición forzada ya no se da por razones políticas o por activismo social, no fundamentalmente, al menos. Ahora la desaparición forzada es práctica común de grupos de la delincuencia organizada, con diversas formas de complicidad y grados de participación, anuencia u omisión de servidores públicos. Son grupos que han combinado actividades de narcotráfico, huachicoleo, secuestro y trata, o simplemente para demostrar su poder, extrema violencia, y por la impunidad con que se mueven.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizada, al 18 de julio había 101 mil 314 víctimas, de las cuales 89 mil 778 están desaparecidas y 11 mil 536 son personas no localizadas; de las 149 mil 237 personas localizadas, 10 mil 229 fueron encontradas sin vida y 139 mil 8 con vida.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha informado que tres de cada cuatro reportes de personas desaparecidas tienen entre 0 y 17 años, la cifra se incrementa cuando se trata de mujeres. Y aunque en 80 por ciento de los casos los menores son localizados, uno de cada 100 son hallados sin vida.

La misma institución ha planteado que en el caso de menores de edad no se debe presuponer que "no están localizados", porque en función de su minoría de edad es imposible considerar una "voluntad de ausencia", por lo tanto, los reportes se tienen que investigar como desaparición forzada, así como la posibilidad de que son víctimas de la comisión de algún delito.

Más de 52 mil fallecidos permanecen sin identificar, por lo cual se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, mediante un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas.

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