Más recursos al SIPINNA

Por otra parte, a través de un punto de acuerdo, propuso hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se incluyan los recursos necesarios para el funcionamiento y operación del sistema.

Cuestionó que el organismo al que se pretende trasladar el SIPINNA no cuenta con las facultades legales e institucionales para coordinar acciones de protección hacia niñas, niños y adolescentes.

Ante ello, las y los legisladores deben hacer guardar y velar el cumplimiento de la Constitución, por lo que es necesaria una correcta valoración del caso y evitar acciones de regresión en los derechos humanos de los menores.

Hay que destacar: desde su creación, el SIPINNA es reconocido como mecanismo eficaz por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y gobiernos de la región que han visto en él un modelo a seguir en el sistema garantista de derechos.

El decreto presidencial reforma la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Resaltó que el SIPINNA fue creado para contrarrestar problemas de violencia y garantizar los derechos de la niñez.

“Este Sistema es de suma importancia ya que se encarga de las acciones del Gobierno; es un eje para el desarrollo de políticas públicas, normas e instituciones en favor de la niñez, no solo en la violencia, si no la protección contra temas trascendentales como sus derechos de participación, educación, igualdad, niños y niñas migrantes”.

Resumió: llevar el tema a una institución asistencial como el DIF que no tiene facultades para coordinar al Estado mexicano es desdibujar definitivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Concluyó: en el contexto actual que viven niñas, niños y adolescentes se debe revalorar al SIPINNA porque ha logrado generar y articular mecanismos entre las instituciones públicas, el Estado y las organizaciones sociales, a partir de agendas de trabajo en torno a derechos, grupos poblacionales o niñez en situación de vulnerabilidad.

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