La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, se opuso a constitucionalizara la figura del arraigo en 2008, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero no obtuvo el apoyo requerido y aun cuando, asegura, no se ha hecho uso de esta figura durante la actual administración, por una resolución judicial internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el arraigo debe desaparecer de la Constitución.
Las recomendaciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) no son vinculatorias ni coercitivas porque cada país tiene una realidad diferente. Este organismo mundial emite sus recomendaciones en términos generales, pero no es obligación de un país acatarlas.
Nunca será un abuso buscar la protección de un derecho, se tenga o no la razón, y siempre existirá la autoridad judicial que determinará la procedencia o improcedencia de lo reclamado; lo importante es impedir el abuso de las autoridades porque ello puede fracturar la democracia, dice la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) secretaria de las comisiones de Justicia y Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Gobernación y Población.
El amparo garantiza justicia cuando hay violaciones a derechos humanos, pero en otras ocasiones es utilizado como un litigio estratégico por parte de grupos de interés, particularmente empresariales, para conservar privilegios o librarse de ser enjuiciados en casos relevantes de corrupción, expresa el diputado Hamlet García Almaguer (Morena), licenciado en derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional.