Votar en procesos electorales es el acto político de participación ciudadana más importante y para muchas personas quizá el único derecho cívico que ejercen en su vida, pero hay un sector que se abstiene de participar, en promedio el 35%, que deja en manos de los demás la elección de sus gobernantes, pero un legislador o legisladora ¿en qué justifica su decisión de abstenerse en el caso de votaciones importantes de reformas constitucionales o leyes secundarias, cuando ocupa una curul o un escaño en representación de un segmento de la población ante el Congreso?
Quién no recuerda el caso de Doña Carlota, una mujer de 73 años que disparó contra dos personas que se hacían pasar por inquilinos esgrimiendo un contrato de arrendamiento apócrifo de una vivienda que pertenecía a su hija. A cambio de abandonar el inmueble exigían 90 mil pesos. El despojo no se consumó; los dos supuestos invasores perdieron la vida y la mujer, su hija y un hijo están en la cárcel. Todo por la omisión de las autoridades.
“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…”, así es el clásico inicio de La Guerra de las Galaxias. Pero hay otras formas de contar: Érase una vez en una institución fundamental del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, donde está la Dirección General de Apoyo Parlamentario, el área que hace posible el trabajo legislativo, incluso cuando un virus amenazó al planeta y a todos los congresos del mundo.
Existen múltiples identidades como banderas en la comunidad LGBTIQ+; cada una representa diferentes orientaciones sexuales y otras expresiones de diversidad. La más conocida es la bandera arcoíris. Pero este número de identidades aumenta y se atomiza, aun cuando la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 reporta que en México 5.1 % de la población de 15 años y más, es decir 5 millones, declararon una orientación sexual o identidad de género distinta a la heterosexual.