Es importante destacar que países, empresas e instituciones de todo el mundo se están movilizando para aplicar el poder de la Inteligencia Artificial (IA) a una enorme variedad de problemas económicos y sociales. Esta aplicación de tecnologías requiere reunir varios insumos clave, entre esto puedo mencionar que el talento es indispensable en la investigación, la ingeniería de datos, el poder computacional y un ecosistema de innovación saludable, lo que permite el desarrollo de la IA que está siendo un hito importante en la actualidad para cambiar los paradigmas de los Estados y de las sociedades actuales, ya que el talento humano en este desarrollo de la IA es uno de los más importantes y de manera cuantificable para los insumos, lo que permite a través del desarrollo de estas nuevas tecnologías crear distintos análisis, búsquedas, algoritmos, inteligencia, tecnología, tener nuevas formas de colaborar y llegar a nuevos espacios que parecieran inalcanzables o inimaginables para crear nuevas alternativas de mejorar la calidad de vida del ser humano, poniendo al servicio todo el trabajo del talento desarrollado.
En México, el juicio de amparo se ha consolidado como el instrumento que tienen los ciudadanos para hacer frente a la arbitrariedad del poder y sus abusos. Es común escuchar en los noticieros que cierta persona se amparó contra una orden de aprehensión o un embargo de bienes o la clausura arbitraria de su negocio. El juicio de amparo tiene esa finalidad: permitir a los ciudadanos hacer justiciables los derechos humanos que desde la Constitución se les reconoce. Sin embargo, hay un impedimento para que el juicio de amparo logre tal propósito: el Amparo para Efectos.
Uno de los procesos económicos más visibles que ha experimentado México durante los últimos tres años ha sido una alta tasa de inflación. Éste es un fenómeno económico en el que el precio de los bienes incrementa de manera notable durante relativamente poco tiempo.
Un tribunal colegiado de Chihuahua amplió los derechos lingüísticos de las personas indígenas, al establecer que los ejidatarios deben ser asistidos por un traductor en actos realizados fuera del juicio agrario (registro digital: 2025921).