Niñez y educación. Luces y sombras

Diputadas y diputados han fortalecido el marco jurídico para garantizar el derecho a la educación con enfoque en la equidad, excelencia e inclusión, desde la primera infancia hasta el posgrado.

Sin embargo, niñas y niños viven los avances y pendientes en materia educativa, como es el caso del abandono escolar.

La revolución de la educación inicial

El 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. El propósito: que la educación sea garantizada plenamente por el Estado.
La esencia está en el artículo 3º constitucional:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado (Federación, estados, Ciudad de México y municipios) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, que junto con la media superior serán obligatorias.

La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica…”

Así cambió el canon. Antes, la educación preescolar era la fase inicial del sistema escolarizado. Gracias a la citada reforma la enseñanza inicial pasó de ser una modalidad a un nivel escolar (como preescolar, primaria y secundaria) del modelo de educación básica. Se convirtió en un derecho de niñas y niños de cero a tres años.

La obligatoriedad de la educación inicial es un paso fundamental de México hacia la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cuatro de la Agenda 2030 (ODS#4): que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, y educación de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Por otra parte, la Ley General de Educación, en los artículos 39 y 40, señala que la SEP determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Y formula la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI), como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), instrumento que deriva directamente de la reforma del artículo 3º constitucional.

¿Cuál es la situación actual?

• Esta reforma constitucional (DOF 15 de mayo 2019) transformó la educación inicial en un derecho de las niñas y niños.
• La incorporación al ciclo de la educación básica (que va de 0 a 15 años) pasó de ser una modalidad a un nivel escolar, como lo son preescolar, primaria y secundaria.
• El Estado se obliga a impartirla y garantizarla, así como a concientizar sobre su importancia.
• La SEP se convierte en el ente rector en la materia.

Asimismo, la herramienta clave para ordenar este ámbito es la PNEI. ¿Qué es?:

*Es el documento rector en la materia a nivel nacional.

*Define el marco básico de actuación para todas las instituciones y organismos a cargo de la educación inicial, sean públicos, privados o comunitarios.

*Está alineada con la ENAPI, en el marco de la cual la SEP coordina el eje de educación y cuidados.

¿Cuál es el problema público en educación inicial?

La mayoría de niñas y niños menores de tres años no desarrollan todo su potencial. Crecen con lagunas en los ámbitos cognitivo, socioemocional, físico-motor y del lenguaje. Las carencias se acentúan en la niñez en situación de pobreza, y los condenan a una vida con menos oportunidades.

¿Causas? Ausencia de una institucionalidad que garantice la calidad de los servicios, reducidos presupuestos, fragmentación de servicios, baja cobertura, inadecuada focalización de grupos vulnerables, alta rotación de personal, noción asistencialista de cuidado, carencia de un sistema nacional de formación y capacitación para los agentes educativos (no se trata de cambiar pañales y preparar mamilas), resumió la maestra Claudia Izquierdo Vicuña, directora general en Desarrollo Curricular de Educación Básica de la SEP.

El foco está en la necesidad de mayor presupuesto para cumplir cuatro objetivos: ampliación de cobertura; capacitación de agentes educativos; aseguramiento de la calidad; sistema de monitoreo y seguimiento.

Ocho de cada diez niñas y niños de entre cero y tres años no tienen acceso a los programas o servicios de educación inicial. La mayor brecha se encuentra en Jalisco, Tabasco, Nayarit, Baja California, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato y Morelos. La brecha menor en Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes y Chiapas. A nivel nacional, se requiere una inversión de 27 mil 109 millones de pesos para universalizar los servicios de educación inicial, estimó la maestra Jimena Lazcano Norori, Oficial Nacional de Desarrollo Infantil Temprano, UNICEF-México.

La educación inicial es esencial. Determina cimientos sólidos para los siguientes niveles educativos. Es el desarrollo de habilidades de pensamiento, habla, aprendizaje y raciocinio. Impacta el presente y futuro de la niñez.

Los fundamentos jurídicos e institucionales son: Convención sobre los Derechos del Niño; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Educación; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Programa Sectorial de Educación 2020-2024; y Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI).

Escuelas de tiempo completo

El plan básico incluye la educación primaria y secundaria. En este ámbito, expertos cuestionan la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Beneficiaba a más de 3.6 millones de niñas y niños, principalmente a menores en condiciones desfavorables. Incidía en la calidad educativa, mayor aprendizaje, alimentación sana, cuidado y seguridad. Los recursos para su operación fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Sin embargo, se canceló. La cancelación contraviene a la Ley General de Educación. En el Capítulo Tercero (“De la equidad y la excelencia educativa”), el artículo 9, fracción  VIII, precisa: “Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y el desarrollo integral de los educandos”

Para garantizar el interés superior de la niñez, se instaló la  mesa de trabajo con representantes de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y funcionarios de la SEP para revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Abandono escolar

La deserción escolar es un problema que continúa en aumento, afectando el desarrollo individual y colectivo. Genera altos costos sociales: exclusión y desigualdad.

Datos de la SEP precisan que en los ciclos escolares 2019-2020 y 2021-2022, la matrícula de educación primaria presentó un abandono de 97 mil estudiantes.

En  educación  secundaria, solamente en el ciclo escolar 2019-2020, la deserción fue de 173 mil alumnos, lo que equivale a 2.7 por ciento de la matrícula total de dicho nivel. Entre las razones: déficits académicos acumulados, falta de recursos económicos, orientación vocacional insuficiente, embarazo a temprana edad, unión libre, violencia familiar, inseguridad pública, reconoció la SEP.

Orfandad y deserción escolar

La deserción escolar también se da por pérdidas familiares, quedando la niñez sin respaldo económico. Ha sido desolador: niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, por muerte de madres, padres o abuelos, a causa del Covid-19.
Según la revista científica The Lancet, México está en los primeros lugares entre los países con mayor número de menores en situación de orfandad, debido al Covid-19.

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, a fin de que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, adopten de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.

Todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano, así como garantizarles sus derechos, entre ellos, la educación.
En la argumentación, se informó que, de acuerdo con Unicef, en México hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad a causa del fallecimiento de sus padres o madres, como consecuencia de diversos factores, como el Covid-19, feminicidios, migración y crimen organizado.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter