Después de un Plan B que no cuajó, un Plan C que se buscó frenar con cientos de amparos, controversias constitucionales, ataques de la prensa y medios electrónicos que recurrieron a la opinión “experta” de intelectuales orgánicos para descalificar la Reforma al Poder Judicial, se lograron sortear batallas legales, desactivar las movilizaciones de la burocracia judicial y la virtual insurrección de la mayoría de ministros que ha controlado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, finalmente, después de 200 años de su creación, habrá una nueva Corte, con ministras y ministros,
La elección judicial se encuentra en su última etapa y, con ello, los aciertos, desaciertos e irregularidades salen a la luz. No es una sorpresa para nadie que la realización de una elección primeriza, inédita y con una organización con una celeridad considerable, traería consigo una serie de factores de mejora para la organización de elección futuras. Entre éstos, tres son los que llaman la atención.
En México hay más de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. Representan el 30% de la población. En 2020 se les reconoció como grupo poblacional constitucionalmente relevante. Sus retos: empleo formal digno, vivienda, educación, seguridad social. Y falta concretar dos documentos fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos: la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la Ley General en Materia de Personas Jóvenes.
Ante las agresiones y redadas contra connacionales en Los Ángeles, California, el diputado Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría, expresó su rechazo a estas acciones, calificándolas de actos que vulneran los derechos humanos.