La participación de las mujeres en los negocios ha crecido significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que limitan su desarrollo en el sector empresarial. La equidad de género no solo es un tema de justicia social, sino también un factor clave para el crecimiento económico sostenible.
En los últimos años la humanidad ha sido protagonista de diversos cambios sociales, culturales y tecnológicos. Hace veinte años quién hubiera pensando que tendríamos la tecnología que hoy poseemos, o que llevaríamos demasiado lejos lo que sabemos sobre biología y de ingeniería genética, a tal grado que los científicos han realizado experimentos en donde no solo han modificado los códigos genéticos de un organismo, sino que también han logrado la clonación e incluso la “resucitación” de animales extintos.
La Inteligencia Artificial (IA) ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas, convirtiéndose en una herramienta fundamental en múltiples sectores. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones automatizadas plantea interrogantes sobre la privacidad de los usuarios, la equidad en el acceso a oportunidades y la responsabilidad en caso de errores o sesgos. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, la necesidad de normativas que regulen su uso es cada vez más urgente para garantizar su desarrollo de manera ética y segura.
Nos enfrentamos a una era en la que la información circula con una velocidad sin precedentes gracias a las plataformas digitales y el avance vertiginoso de la inteligencia artificial (IA); en este escenario, el diseño y sustento de las iniciativas de ley exige un compromiso firme con los principios de la investigación científica y la ética. El quehacer legislativo no puede ni debe deslindarse de la responsabilidad de construir marcos normativos sólidos, bien argumentados y coherentes, que respondan a las necesidades reales de la sociedad. EL trabajo intelectual de la legislación va de la mano de los preceptos éticos de la investigación: combatir el plagio, ofrecer una coherencia argumentativa y un tejido fino entre los datos y el relato que permitan comprender los alcances de los proyectos legislativos.