Un ejercicio de democracia

Por primera vez en la historia de México, el pasado 10 de abril se llevó a cabo un inédito y muy "sui géneris" ejercicio de revocación de mandato convocado desde la presidencia de la República en el que 15 millones de mexicanos estuvieron de acuerdo en que el Presidente continúe en su encargo, es decir, 91.8 por ciento de los votos, contra el 6.4 que se inclinó porque se vaya.

Para una ciudadanía que históricamente ha carecido de los mecanismos de consulta previa a las decisiones que afectan la vida pública, 16.5 millones de votantes significó el primer paso hacia su participación activa en los asuntos públicos.

El resultado no fue vinculante, es decir, que obligara a tomar una acción legal en el caso de que la votación total hubiera sido en sentido negativo, porque la ley determina que se requiere de una participación que supere el 40 por ciento de las personas registradas en la lista nominal, es decir, 37 millones 129 mil 287 votos, y el 10 de abril solamente asistieron 16 millones y medio de ciudadanos, que únicamente representan el 17.7 por ciento de los 92.8 millones de mexicanos que integran la lista nominal que ejercieron su derecho a decidir.

El resto, esa gran mayoría de 82.3 por ciento, no está habituada a que se le consulte; fueron convencidos de no ejercer su derecho al voto; abrazan sin objetar la democracia representativa, o tal vez ni siquiera votan para elegir a sus representantes. Hay que recordar que la democracia representativa en México es joven y la democracia directa lo es más, es prácticamente inexistente.

Si el mexicano no está acostumbrado a que se le consulte, y la iniciativa de revocación provino de presidencia, la próxima vez tendrá que surgir de los ciudadanos, si es que, en efecto, están descontentos con su mandatario. Esta fue una prueba "sui géneris" porque ningún mandatario en el futuro tendrá interés en poner el cargo en manos de sus representados para que decidan si continúa o no en el poder. 

Fue el presidente el primer interesado en una ley que normara esta consulta, que luego envió al Congreso para su aprobación: la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) del titular de la Presidencia de la República. En adelante, serán los ciudadanos quienes emprendan una acción de revocación. Para ello tendrán que recabar el apoyo ciudadano a fin de obtener las firmas necesarias que acompañarán la solicitud que se presente ante del INE.

La LFRM determina que el inicio del proceso de revocación procederá a petición de un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, por lo menos en diecisiete entidades federativas y que representen el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

La revocación podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del presidente de la República. El Instituto Nacional Electoral es el encargado del proceso.
En caso de proceder la revocación, asumiría provisionalmente la presidencia el presidente del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombraría a quien concluya el período constitucional.

Éste fue solamente un ejercicio de democracia directa para mostrar la ruta a seguir, establecer un precedente, que los mexicanos tengan un recurso legal que les permita retirar del cargo a quien no cumpla con su mandato en acato a la Constitución. Incluso, el presidente se comprometió a dejar su encargo si la mayoría de votos hubiese sido en contra, incluso si no se llegara al 40 por ciento.

Los argumentos en contra de que se llevara a cabo el proceso se sustentaban en que se trataba de un recurso que contraviene la disposición constitucional de que un presidente debe permanecer en su cargo seis años; que el gasto que se iba a ejercer debería aplicarse en otras necesidades y no en algo que no se requería –en efecto, el gasto por casilla el INE lo elevó a 29 mil 692 pesos, cuando en la consulta popular del año pasado para juzgar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción, se destinó un presupuesto de gasto por casilla de ocho mil 805 pesos--.

Otro argumento era que en realidad el presidente buscaba refrendar su alto índice de aceptación como justificación para perpetuarse en el poder. Incluso se llegó a afirmar que de prosperar la revocación generaría una crisis política que se escenificaría en una previsible disputa por el poder, aunque en la formalidad legal se establecía el escenario y las etapas que debían cumplirse para hacer la transferencia del poder pensado en un sistema presidencialista. La cuestión es si a una crisis –económica, política del sistema mismo– previa, que se busque resolver mediante un proceso de revocación, pudiera provocar otra crisis política. Al final, quienes se oponían a la consulta y ante la baja posibilidad de que se impusiera la revocación, llamaron a la abstención.

En la realización de esta consulta hubo condiciones que seguramente impactaron en la asistencia a las urnas: por una parte, el INE solicitó que se incrementara el presupuesto para instalar las casillas que se requieren en una elección federal, pero la Cámara de Diputados no accedió al considerarlo improcedente y el órgano electoral solo instaló un tercio de las casillas requeridas para una elección federal, es decir, 57 mil 500.

En 2018, con el total de casillas instaladas, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53 millones de votos. Considerando que únicamente se instaló la tercera parte de las casillas y que en esta ocasión solamente ganó 28 por ciento de los votos que obtuvo en 2018, se puede concluir que proporcionalmente la votación se corresponde con la de entonces, en cuanto a la aprobación de su gestión. Pero lo central del asunto es el arranque de la democracia participativa, poner en práctica la revocación de mandato para retirarle el poder a un mandatario que no cumple lo que la Constitución dicta.

Durante el proceso hubo irregularidades documentadas por los medios de información en los sitios donde se instalaron las casillas, con la idea de impedir las votaciones, pero no parecen haber alterado gran cosa la votación.

De acuerdo con los resultados, el Estado de México tuvo la mayor afluencia, con un millón 967 participantes, de los que 88.9 por ciento votó porque siga el mandatario hasta que concluya su periodo. Le siguieron Veracruz con 1.58, Ciudad de México 1.5 y Chiapas con 1.2 millones de votos. Es posible que estos números respondan proporcionalmente a su mayor o menor población.

Andrés Manuel López Obrador anuló su voto al escribir en la boleta “¡Viva Zapata!” y, con ello, abstenerse de elegir cualquiera de las dos opciones.

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